Ya es ley: la Legislatura aprobó que se instalen bares en plazas y parques

En la sesión del 8 de Mayo, el PRO (con apoyo de UNEN y Ocaña) logró aprobar en la Legislatura, la ley que regula la instalación de bares en plazas y parques de la Ciudad. Incluye a locales de expendio de alimentos y bebidas envasados los que deberán tener sanitarios de uso público y gratuito, estación de vida saludable, además de estacionamiento y alquiler de bicicletas ofrecido por el GCBA, conexión a internet gratuita y biblioteca. Se sancionó también una ley que autoriza la emisión de títulos en el mercado local por hasta U$S 185 millones para amortización de deuda.

Los opositores al proyecto, presentes en la sesión legislativa.

Los opositores al proyecto, presentes en la sesión legislativa.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en forma definitiva la ley que establece el régimen regulatorio para otorgar permisos de uso precario en espacios verdes públicos de la ciudad de Buenos Aires para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas. Sólo se podrán permisionar espacios en superficies verdes públicas mayores a 50.000 m2. La norma fue sancionada con 36 votos positivos aportados por el PRO, Confianza Pública, Suma + y Coalición Cívica; y 19 negativos del Frente para la Victoria, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico y FIT.

El Poder Ejecutivo otorgará los permisos a fin de establecer estos servicios que complementen y no alteren el uso común ni el carácter de espacio público. La habilitación definitiva de los locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas estará supeditada a la construcción de los siguientes servicios complementarios: Sanitarios accesibles de uso público y gratuito; Estación de vida saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso e hidratación gratuita a los que realicen ejercitación física; Estacionamiento de bicicletas; Servicio de alquiler de bicicletas ofrecido por el GCBA; Conexión a internet gratuita y Biblioteca los que no podrán interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el lugar ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de sus instalaciones y servicios .

La totalidad de los servicios a prestar deberán estar integrados en un solo núcleo y la autoridad de aplicación o quien se determine, elaborará los proyectos de implantación y resoluciones tipológicas, alejadas de monumentos, estatuas y esculturas.

Asimismo, en los espacios referidos se deberá cumplir con los siguientes requisitos: Incorporar criterios de arquitectura sustentable y tipologías uniformes que se complementen y articulen con el espacio periférico; Equipamiento que asegure la separación de residuos en origen y su reciclado; Conservación de las especies arbóreas, arbustos, flora y mantenimiento del área y ciertos topes en las superficies de cada núcleo de servicio.

Un dictamen de minoría consideró “que el espacio público debe ser definido de manera democrática y participativa, teniendo a las Comunas como centro de decisión; previendo diseños participativos”

La iniciativa del diputado José Luis Acevedo (PRO) había sido aprobada el 7 de noviembre de 2013 en forma inicial, además de ser tratada en la correspondiente Audiencia Pública el pasado 19 de marzo con la presentación de 93 participantes. Y fue despachada en las comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Presupuesto y Desarrollo Económico.

Un dictamen de minoría proponiendo el archivo del expediente había sido firmado por los diputados Paula Penacca, María Rachid (ambas del FPV), y el diputado Pablo Bergel (Verde Alameda) quienes consideraron “que el espacio público debe ser definido de manera democrática y participativa, teniendo a las Comunas como centro de decisión; previendo diseños participativos” y “además, las construcciones que prevé este proyecto suponen una reducción de espacios verdes disponibles, lo cual resulta ciertamente gravoso, en atención de que la relación, área verde/habitante en la ciudad”.

EL DEBATE

Desde el Frente para la Victoria, la diputada Claudia Neira, también adelantó el voto en contra y destacó que “para la ley los bares ofrecidos por privados son la parte principal y que estos deberán accesoriamente brindar ciertos servicios como baños, estacionamiento de bicicletas y hasta tendrán derecho de disponer qué músicos podrán realizar presentaciones en estos parques”. En el mismo sentido se manifestó la diputada Virginia González Gass (PSA).

En tanto, el diputado Pablo Bergel (Verde Alameda) argumentó su voto negativo referenciándose “en los movimientos que defienden los bienes comunes y de espacios públicos que se oponen a este proyecto”. En ese sentido también se manifestó el diputado Alejandro Bodart (MST).

En su intervención el diputado Hernán Rossi (SUMA +) expresó que “Con las modificaciones incorporadas al proyecto original, la norma pone en valor los parques, protege a los comercios cercanos, y se constituyó en un instrumento útil para que la Ciudad sea amigable e inclusiva para quienes la habitamos y para quienes la visitan”. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (CC) negó que su bloque esté a favor de la privatización de espacios públicos” y por razones similares anunció el voto favorable.

El autor de la iniciativa finalmente “agradeció a todos los diputados que contribuyeron a la confección del texto del despacho final con más de dos años de discusiones, que pasó dos veces por el recinto y por la correspondiente audiencia pública”.

AUTORIZACIÓN PARA EMITIR DEUDA PÚBLICA

La Legislatura porteña sancionó una ley que autoriza al Gobierno local a ampliar el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley Nº 4.315, por un importe de hasta U$S 185 millones o su equivalente en pesos, otra u otras monedas. El Ejecutivo quedó habilitado a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de deuda hasta alcanzar el monto permitido. La norma resultó aprobada por 33 votos positivos del PRO, Coalición Cívica y Suma +, 21 negativos del FpV, FPP, MST, Verde Alameda, Nuevo Encuentro, FIT, Proyecto Sur y PSA, además de dos abstenciones del bloque Confianza Pública.

El producido de la emisión de los títulos deberá ser destinado a la amortización de deuda y permitir así alcanzar a la Ciudad un mayor ordenamiento de su administración financiera en el presente ejercicio. Entre los fundamentos del despacho de mayoría de la Comisión de Presupuesto firmado por el PRO, se subrayaba que “la Ciudad realizó con éxito la colocación de Títulos Públicos Clase N° 1 y Clase N° 2 en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, creado por Ley NC. 4.315 y ampliado mediante la Ley NC. 4.431, por un monto total u$s 185 millones cuyos vencimientos operan los días 29 de abril y 27 de junio del corriente año respectivamente”.

El artículo 11 de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2014, prevé la obtención de préstamos y/o colocaciones de deuda en moneda local y/o extranjera en mercados locales y/o internacionales, con destino a la renovación de los vencimientos de deuda durante el corriente año. En tal sentido -según el dictamen de mayoría- y a fin de dar cumplimiento al programa presupuestario previsto en la Planilla Anexa Nº 44 de la Ley de Presupuesto -Nº 4.809-, corresponde llevar a cabo la renovación de las citadas Clases 1 y 2 con vencimientos en 2014.

Los títulos emitidos tendrán, entre otras, las siguientes características: dólares estadounidenses, otra u otras monedas que se determine al momento de la fijación del rendimiento de los títulos; los que se denominen en moneda extranjera podrán suscribirse, integrarse y cancelarse en pesos al tipo de cambio aplicable que se acuerde con el/los colocador/es respectivo/s, y el plazo mínimo deberá ser de un año.

Además, podrán emitirse a su valor nominal o con descuento o prima respecto de su valor nominal; la tasa de interés podrá ser fija o variable, con pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales; los títulos podrán ser al portador, nominativos o escriturales, y/o estar representados por uno o varios certificados globales depositados en entidades de registro del país o del exterior; y se emitirán en las denominaciones que se acuerden con el/los colocador/es respectivo/s. Por otra parte, podrán rescatarse antes de su vencimiento, se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en diversos pagos a realizar durante la vida de los títulos y se podrán emitir una o más clases y series, incluyendo su reapertura. En cuanto a la jurisdicción se regirán por la ley argentina.

Como parte del análisis se presentó en una reunión de diputados de la Comisión de Presupuesto el director de Crédito Público a fin de informar sobre cuestiones referidas a la citada operación, dando así marco a lo establecido en el art. 168 del Reglamento Interno.

En minoría, los bloques Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista Popular, postulaban el archivo del expediente 678-J-14 argumentando que la operación planteada está nominada en dólares, lo cual agrava la situación de endeudamiento progresivo que la Ciudad registra desde los últimos años y que “teniendo en cuenta las últimas ampliaciones presupuestarias solicitadas por el Poder Ejecutivo a esta Legislatura, la Ciudad contaría con los recursos necesarios para afrontar el pago de los vencimientos en cuestión”. Concluyen diciendo: “vemos con preocupación la tendencia al endeudamiento creciente de la Ciudad, la mayor participación de instrumentos nominados en dólares verificada durante la presente gestión y que consideramos innecesario el endeudamiento planteado”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Alejandro García (PRO), expuso lineamientos del proyecto y expresó que “el total de la deuda exigible para la ciudad es del 17% de los recursos presupuestado para el ejercicio 2014”, y aseguró que “dentro de este esquema es que el presupuesto ha previsto la renovación de los U$S 185 millones de deuda o su equivalente en pesos. El planteo es coherente con un esquema de endeudamiento para la ciudad”.

Por su parte el diputado Gabriel Fucks (FPV) destacó: “Nuestro bloque no se opone por simple definición a la emisión de títulos, porque para la realización de obras la deuda sí es plausible. Sí hemos votado favorablemente endeudamiento para obra. Se nos solicita hoy endeudamiento para pagar más deuda. La lógica del PRO es aumentar el endeudamiento año tras año. Desde el 2008 al 2011 la deuda aumentó en 39% en relación al Producto Bruto Geográfico. La ciudad estaba en proceso de desendeudamiento hasta 2007. Mientras a nivel nacional desde 2003 el país tuvo el proceso de mayor desendeudamiento de toda su historia, la ciudad incrementa el suyo”.

En tanto, el firmante de una observación al expediente, diputado Marcelo Ramal (FIT) que adelantó su voto en contra, consideró que “la frontera del endeudamiento se acerca al orden del 27 % de los recursos que ingresan a la ciudad y además se está contrayendo deuda para pagar otra deuda”. Por similares razones fundaron su rechazo al proyecto los diputados Javier Gentilini (Proyecto Sur) y Pablo Bergel (Verde Alameda).

La diputada Cristina García (CC) que anticipó la abstención de su bloque, propuso que “se planteen proyectos en la Legislatura a largo plazo de deuda responsable”. El interbloque UNEN, representado por el diputado Juan Nosiglia consideró que no se “debe obstruir al Ejecutivo para que tenga sus finanzas ordenadas” y aseguró que “las condiciones económicas de desaceleración lo justifican”. Finalmente, adelantó que ese bloque hará un riguroso seguimiento de la ejecución presupuestaria.

PRECIOS CUIDADOS EN LA CIUDAD

La Legislatura aprobó una resolución por la que el Poder Ejecutivo deberá brindar un informe al cuerpo dentro de los 30 días de recibida la norma, respecto de la aplicación de una ley de la ciudad que sustentaría el Programa Precios Cuidados. El proyecto que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Defensa de los Consumidores fue presentado por el diputado Gabriel Fuks (FpV), quien destacaba entre los fundamentos que “dicha ley nunca se llevó a cabo”.

Deberá responder el Ejecutivo sobre la aplicación efectiva de la ley N° 1493, promulgada hace casi 10 años, que estableció para la ciudad un Sistema de Información sobre Precios al Consumidor (SIPCo), no aplicada hasta el momento. La resolución aprobada hoy determina que por mandato judicial de fecha 27 de junio de 2013 el Ejecutivo fue emplazado a implementar la normativa que establece el SIPCo, mediante el cual se obliga a los responsables de una serie de comercios a informar semanalmente a la autoridad de aplicación sobre los precios de los productos que allí se expenden, publicándola en Internet con acceso libre para cualquier persona física o jurídica.

Fuente. DG Prensa Legislatura

Foto: prensa Alejandro Bodart