Se creó la Agencia de Bienes del Estado: ¿liquidará las “joyas de la abuela”?

Se aprobó la ley que instituye la Agencia de Bienes SE, para administrar o vender predios del Estado porteño. Con los fondos que se recauden construirán un Parque de la Innovación, un Centro Audiovisual y urbanizarán villas. El directorio tendrá mayoría del Ejecutivo. Legisladores del FPV y ECO votaron divididos.

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La Legislatura sancionó la ley que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, destinada a administrar los bienes inmuebles en desuso del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para su venta o construcción de obras.

La norma también crea un Fondo de Desarrollo Metropolitano para construir un Parque de la Innovación y un Centro Metropolitano Audiovisual (CMA) con lo producido por las operaciones con los bienes inmuebles desafectados. Y destina parte de los recursos a la urbanización de las villas 30 y 31.

La ley requería para su sanción una mayoría especial de dos tercios (40 votos sobre 60). En general fue aprobado por 42 votos positivos, 16 negativos y 2 abstenciones.

Fueron positivos los votos de los 28 diputados del bloque PRO, más 6 de Suma+, 3 de Confianza Pública, 3 del Frente para la Victoria (María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia), Javier Gentilini (FR) y Claudio Palmeyro (SP). Votaron en contra los restantes 7 diputados del FPV, 3 de monobloques de izquerda, 2 del Partido Socialista, 2 de Coalición Cívica, 1 de Socialismo Auténtico y otro de Bien Común. Se abstuvieron Carlos Tomada y Gabriel Fuks (FpV).

El proyecto tuvo aprobación inicial, fue sometido a discusión en audiencia pública y fue tratado en tres comisiones: de Desarrollo Económico, MerCoSur y Políticas de Empleo; de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Finalmente se elaboró un texto consensuado que permitió su aprobación definitiva en el recinto, tras un debate de 3 horas con 12 oradores.

Según explicó el jefe de la bancada del PRO, diputado Francisco Quintana, se introdujeron modificaciones a la iniciativa original del Ejecutivo “para aumentar los mecanismos de control”, dándole mayor representatividad a la oposición política en el directorio de la Agencia de Bienes y haciendo de la Sindicatura un órgano colegiado, con representación mayoritaria de la oposición.

Asimismo, la ley dispone que la Agencia deberá presentar a la Legislatura, antes del 30 de septiembre de cada año, el “programa anual de operaciones” para el ejercicio siguiente, a fin de que sea analizado y aprobado por los diputados de la Ciudad. También se estableció que dentro de un año deberá presentar al Cuerpo el “inventario de inmuebles de dominio privado de la CABA”.

El Fondo de Desarrollo Metropolitano tiene como objetivo “desarrollar una ciudad integrada, en la que todos los barrios tengan acceso a las mismas oportunidades tanto en salud como en educación, generando más igualdad entre las distintas zonas que la componen con políticas públicas a largo plazo”, sostienen los fundamentos del proyecto.

El Parque de la Innovación fue pensado para “posicionarse como centro urbano que impulse la generación, atracción y desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según detalla la norma, y será destinado para centros educativos, culturales y de investigación.

En tanto, el Centro Metropolitano Audiovisual garantizarála participación de los distintos sectores involucrados en la comunicación, entre ellos cámaras de productores, medios comunitarios, universidades y trabajadores de la comunicación audiovisual.

MECANISMOS DE CONTROL

El directorio de la Agencia de Bienes SE estará compuesto por 7 personas: el presidente, el vice y tres vocales serán designados por el Poder Ejecutivo y los dos vocales restantes los nombrará la Legislatura “en representación de los bloques políticos opositores”. Y “confeccionará un programa de acciones que elevará al Ejecutivo y por su intermedio a la Legislatura, para su tratamiento. El mismo debe individualizar el destino de cada uno de los bienes inmuebles, detallando aquellos susceptibles de destinarse a política habitacional  y política educativa”.

La Agencia será auditada por órganos de control interno y externo. Contará con tres síndicos: uno designado por el Ejecutivo y los otros dos nombrados por la Legislatura “en representación de los bloques opositores”. También se especifica que “la Auditoría General de la Ciudad actúa como organismo de control en forma permanente y concomitante”.

FUNCIONES DE LA AGENCIA

Las funciones del nuevo ente son la administración de bienes inmuebles, el desarrollo de industrias creativas, el fomento del desarrollo económico, la coordinación entre la actividad pública y privada, la promoción de proyectos de infraestructura, las inversiones en complejos habitacionales, redes de transporte, comunicaciones, salud y educación, entre otras atribuciones.

El artículo 13 de la norma declara “innecesario” para la Ciudad y “desafecta del dominio público” a dos polígonos de la zona norte de la ciudad (barrio de Nuñez) que hoy forman parte de los terrenos que usa el Tiro Federal Argentino, el que se dividirá en 3 polígonos, dos de los cuales serán vendidos y el restante será destinado a la continuidad del uso por parte de esa asociación civil deportiva.

El producido de la venta de dos de los polígonos se destinará de la siguiente manera: 20 por ciento de uno de los polígonos para la urbanización de las villas 30 y 31; y el producido de 30.000 metros cuadrados del otro polígono “será destinado prioritariamente a Educación y Salud”. El 80 por ciento del primero de los polígonos irá al Parque de la Innovación.

La ley dice que el Ejecutivo “deberá tomar las medidas necesarias para desocupar los polígonos” antes referidos en un plazo de seis meses, a cuyo efecto “podrá realizar las gestiones para la efectiva relocalización de la Asociación Civil Tiro Federal Argentino”. Se estipula además que el gobierno “otorgará un permiso de uso precario y gratuito” al Tiro Federal en un nuevo polígono menos extenso.

EL DEBATE

El diputado Adrián Camps (PSA) durante el debate en el Recinto criticó “la transferencia de tierra pública a las corporaciones con lo que se constituyen en el cuarto poder de la ciudad” y advirtió sobre la inconstitucionalidad respecto a los artículos 82 y 84 de la Constitución local.

En tanto, Gustavo Vera (BC) señaló “el endeudamiento y la venta de tierra pública como forma de financiamiento insostenible a largo plazo”. Afirmó que “la privatización de la tierra pública descapitaliza a la ciudad y es otra forma de endeudamiento a futuro”. Explicó que “más de 170 hectáreas de tierra pública fueron cedidas a los privados en los últimos años” y observó la “violación del artículo 128 de la Carta magna porteña en lo que respecta a la necesaria participación comunal.

También Roy Cortina (PS) argumentó su voto negativo y en el mismo sentido “por inconsistencias en el articulado” se manifestaron Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro (CC). Otros que fundamentaron su oposición fueron Patricio Del Corro (PTS-FI),Marcelo Ramal (FIT) y Fernando Vilardo (AyL).

Hernán Rossi (SUMA+) sostuvo que su bloque “aunque al proyecto no lo considera prioritario, no pondrá obstáculos asegurando la constitucionalidad”.

En tanto, el Frente para la Victoria a través de Carlos Tomada expresó su apoyo a la iniciativa “que en otras ciudades del mundo ha favorecido el desarrollo urbano”. No obstante, según dijo “las modificaciones no alcanzaron y se acordó la libertad de acción a los integrantes del bloque”.

Después de tres horas, las intervenciones fueron cerradas por el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano Agustín Forchieri (PRO) y se pasó a la votación en general y particular.

Fuente y foto: DG Prensa Legislatura