Estudiantes y vecinos, en conflicto por no ser consultados

¿Qué tienen en común los estudiantes que toman colegios, los vecinos que deberán pagar para dejar el auto en la puerta de sus casas, y los que se oponen a la “zona calma”? Que el gobierno porteño viola la Constitución.

¿Cuál es el problema por el cual los estudiantes secundarios volvieron a tomar las escuelas? “Las reformas fueron inconsultas”, dicen los alumnos cuando son reporteados.

Probablemente las tomas sean sostenidas desde algún sector partidario, para lo cual las declaraciones de Cristina, en lugar de aportar, generan más sospechas: “Ustedes no necesitan que nadie les dé clase, ustedes pueden dar clase a todos” (!!), les dijo la ex Presidente (menos mal que los chicos no escuchan, sino… ya hubiesen abandonado todos).

El problema es que desde el gobierno, se les da argumentos a esos sectores para sostener el reclamo; el diálogo entre las partes es fundamental en democracia, algo que se declama desde el gobierno nacional, pero se niega sistemáticamente a nivel local.

Mientras el ministro de Justicia Germán Garavano declara que “la toma de colegios es una ilegalidad” y el Fiscal Carlos Rolero analiza “el posible delito de usurpación”, el problema -para la gran prensa- es que los colegios están tomados; y no que el gobierno no los haya consultado.

Increíblemente, los funcionarios judiciales ignoran lo fundamental: la Constitución de la Ciudad ordena, desde su artículo 1º, que “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”; sin embargo, el gobierno se niega a acatar ese mandamiento.

Esto no es nuevo: los diversos gobiernos se negaron a acatar este y otros mandatos constitucionales. De hecho, las Comunas funcionan por orden judicial, no por decisión política.

Es decir: el Ministro y el Fiscal ven la mitad del vaso que les conviene ver.

Pero los estudiantes no son los únicos padecientes en esta Buenos Aires “participativa” pero “inconsulta”.

Los legisladores porteños aprobaron a fin del año pasado, por 31 votos (mayoría simple) la instalación de parquímetros en el 40% de los espacios para estacionar que hay en la Ciudad. O sea: muchos que hoy dejan el auto en la puerta de su casa, deberán pagar por hacerlo.

¿A quién consultó la Legislatura para tomar esa medida de alto impacto en la población que tiene auto? A NADIE. Se “olvidó” de convocar a audiencia pública, para que los vecinos expresen su parecer en un tema que los va a afectar directamente.

Otro botón de muestra surgió en los últimos meses en la nueva “zona calma” de Villa Real propuesta por el gobierno porteño… E ignorada por los vecinos. Nadie los consultó sobre la instalación de canteros, ciclovías y demás modificaciones profundas que sufrirá el barrio.

Cuando el barrio empezó a manifestar su malestar, vía redes sociales, los funcionarios asistieron a una charla con vecinos en el Club de Jubilados “Villa Real”… y se retiraron a los 10 minutos de iniciada la misma. Luego, los recibieron en la Secretaría de Transporte, y les prometieron modificaciones que luego, no se hicieron.

La falta de consulta genera conflictos que no son gratuitos: los pibes de la secundaria no la pasan bien en las tomas. “No estamos contentos, no la pasamos bien durmiendo en el piso del colegio. Nosotros podemos perder algunos días de clase, pero si hoy no estuviésemos haciendo esto, no se hablaría del tema”, declararon a Infobae.

Los vecinos de Protocomuna Caballito debieron presentar un recurso de amparo para impedir la instalación de parquímetros. Los de la “zona calma” hicieron lo mismo, para evitar que empiecen las obras.

Cuántos problemas se solucionarían sólo con cumplir el texto constitucional…

 

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