ALQUILERES. Denuncian falta de control a las inmobiliarias

El gobierno porteño impulsó en la Legislatura, la ley que obliga a pagar la comisión por honorarios a los propietarios. Una entidad que agrupa a inquilinos denuncia que, a más de un mes de su vigencia, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no controla que dicha norma se cumpla.

Mediados de 2017. Plena época electoral. Horacio Rodríguez Larreta anuncia que su gobierno presentará un proyecto de ley en la Legislatura, para que la comisión inmobiliaria por contratos de alquiler sea abonada por los propietarios.

En ese acto, prometió soluciones integradoras al problema de la vivienda: convertir a las villas en barrios, acceso de la clase media al crédito; y reducir el costo de los honorarios que deben pagar los inquilinos para acceder a su casa.

“Hoy damos un paso más que también apunta a la clase media porteña, que es ayudar en el acceso al alquiler. Hay mucha gente en la Ciudad que quisiera poder alquilar pero también hay muchos dueños que tienen sus unidades vacías y quisieran alquilarlas también”, dijo el Jefe de Gobierno, pensando que su proyecto ayudaría a ambas partes.

Pero la reforma de la ley 2.340 fue duramente criticada por el sector inmobiliario. “Van a cerrar cientos de inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires por culpa de esta nefasta ley Larreta”, declaró Armando Pepe, Presidente de Corredores de Inmobiliarias, una de las entidades que agrupa a los martilleros.

Sus declaraciones se dieron en el marco de una marcha de protesta a la Quinta de Olivos, ocurrida a fines de Septiembre.

Lo cierto es que la ley fue rápidamente modificada y aprobada por el Poder Ejecutivo, bajo el número 5.859. Está en vigencia desde el 19 de Septiembre pasado.

Establece claramente que el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato, y estará a cargo del locador.

Ahora, una de las entidades que defiende a los que no les queda otra que alquilar -Inquilinos Agrupados- denuncia que ninguna autoridad del Estado porteño se ocupa de controlar que esa ley, efectivamente, se cumpla.

“Sabemos que un sector de las inmobiliarias sigue haciendo uso de su capacidad de extorsión de los inquilinos y continúa cobrándoles comisiones, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente”, denuncian los Inquilinos.

Pese a esta clara violación, dicen que el gobierno “no ha implementado ninguna medida para garantizar el cumplimiento de la ley”.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad, que según la norma es quien debe ejercer el control, sólo incluyó en su sitio web oficial un formulario para que los inquilinos hagan sus consultas. “El cual es respondido con algunos días de demora“, dicen los Agrupados.

Esa cuestión ya es complicada, porque se sabe que el tiempo escasea cuando se trata de elegir nueva casa, concretar el alquiler y planificar la mudanza. Es una auténtica revolución familiar que modifica toda la cotidianeidad.

Ahora bien: si el inquilino está urgido en el tiempo y se presenta personalmente en la sede del Instituto de Vivienda de la Ciudad, no es atendido. Lo derivan a realizar un llamado al 147 para “pedir turno previo”.

“Una vez que se llama a ese número, quien contesta no está interiorizado sobre el tema, no carga la denuncia telefónica y no deriva la consulta al IVC, sino a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, denuncia Inquilinos Agrupados.

Claudio Serrentino

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