TARIFAZOS. Beneficiar a los usuarios, para debilitar a provincias y municipios

El gobierno del presidente Macri sigue sin hacerse cargo de sus propias medidas. En lugar de anular o reducir el tarifazo, le traslada la responsabilidad a provincias y municipios, al pedirle que eliminen impuestos a los servicios públicos.

La inflación acumula 55% desde que Mauricio Macri es el presidente de la Nación. El desfasaje económico -un impuesto encubierto a los pobres, los que más sufren la merma en el poder de compra- fue impulsado, mayoritariamente, por la suba en las tarifas de los servicios públicos.

Ejemplos: el transporte público subió más del 230% en el mismo período. La luz, 512%. El gas aumentó desde fines de 2015 hasta hoy, 313%. El agua: 392%.

Eso sólo en los servicios; si se le agregan otros impuestos -ABL, patentes. más otros impuestos municipales, provinciales, nacionales- el impacto es mucho mayor. El resultado es de manual: la inflación que nunca baja de dos dígitos.

Esta política «gradual» de aumentos en los servicios, aspira a que en 2019 los argentinos pague lo que realmente vale el servicio, sin «el subsidio del Estado nacional», famosa leyenda que incluye cada factura.

Lo cual, para las empresas no cambia en nada la situación: LAS PRIVATIZADAS SEGUIRÁN COBRANDO LO MISMO. Ya que lo que no les ingresaba por facturación, lo percibían mediante el subsidio. O sea: directa o indirectamente, siempre lo pagamos todos.

Pero Macri va por más: hace un tiempo aconsejó a los consumidores «no andar en patas dentro de la casa» en verano, y «ponerse el pulover en invierno», para pedirles que paguen más, y al mismo tiempo consuman menos.

Ahora, la vuelta de tuerca no sólo es para los usuarios, sino también para los municipios y las provincias.

Desde Vaca Muerta, el presidente dijo: «les quiero pedir a los distritos que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, así van a aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las pymes y sobre los consumidores».

Cabe aclarar que provincias y municipios no nadan en la abundancia. Muchísimos pueblos, ciudades y provincias enteras (empezando por la hiperpoblada provincia de Buenos Aires) tienen eternos problemas de déficit, que ningún gobierno supo/pudo/quiso solucionar.

Dependen de cada recurso chico, mediano ó grande que puedan inventar para subsistir. Y no hay que olvidar la autonomía de los municipios, garantizada por la Constitución Nacional.

Es decir: el gobierno no revee su política de tarifazos, pero sugiere soluciones que son gratuitas (para la Nación) pero muy caras para el resto de los distritos, aún a costa de violar la Carta Magna.

Como contrapartida, los gobernadores opositores propusieron que sea la Nación quien baje el IVA a los servicios, que llega hasta el 27%.

Es decir: se inició el debate por el choclo que viene en cada factura.

Pero lo que en realidad se discute, es… ¡el aporte «patriótico» de todos, que irá a parar al bolsillo de los accionistas de las privatizadas!

Ése es el verdadero quid de la cuestión que nadie -ni siquiera el gobierno anterior- se animó a cuestionar.

A ese respecto, la Ciudad de Buenos Aires -que no cobra impuestos específicos en las facturas de gas y agua- anunció que anulará el impuesto a los Ingresos Brutos en esos servicios. Pero para concretarlo, se debería aprobar un nuevo Pacto Fiscal entre las provincias y la Nación.

Como si fuéramos imbéciles, el presidente volvió a repetir desde el sur que «La energía no es gratis, tiene un costo«.

Pucha si los argentinos lo aprendieron de apuro, en estos últimos años…

Claudio Serrentino

Foto: Télam