La Fundación La Alameda, que encabeza Gustavo Vera, denuncia que la Inspección General de Justicia persigue a esa entidad, que dió a conocer información confidencial a través de dos canales de TV.

El 7 de Marzo, en el programa «4 D», que Luis Majul conduce por el canal A24, ese periodista hizo referencia a Gustavo Vera. Y afirmó: «La Fundación La Alameda está floja de papeles».

En esa misma emisión, una panelista –la periodista Lucía Salinas- hizo “manifestaciones de carácter negativo y tendencioso para crear en el televidente una imagen espuria, tanto acerca de mi persona como la fundación”, aseguró Vera.

Ante lo cual, Gustavo Vera presentó una denuncia ante la Justicia contra cuatro funcionarios públicos de la IGJ. Ellos son Susana Graciela Junquiera (Directora de Entidades Civiles), Estefanía Di Bella, Patricia Belén Rodríguez y Diego Bascuas.

El fundador de La Alameda los acusa: “la única manera que aquellas actuaciones hayan llegado a manos de la periodista, es por la revelación que las personas aquí denunciadas han realizado de las actuaciones allí labradas”.

Vera hace referencia a una cédula de notificación, que Majul y Salinas mostraron ante cámara en la emisión del 2 de Abril pasado. La misma fue tirada por abajo de la puerta el 28 de Marzo a las 20.30. En ese horario, la sede de Directorio y Lacarra está cerrada.

Los días posteriores fueron feriado -el finde superlargo-, con lo cual el titular de La Alameda se pregunta cómo llegó ese papel oficial a manos de los periodistas. Por eso, en la presentación judicial, acusa a los funcionarios antes mencionados de infringir el delito de revelación de actuaciones, documentos y datos (artículo 157 del Código Penal de la Nación).

Mostrar actuaciones y documentos internos de la Inspección General de Justicia, es una violación a la ley. Las actuaciones exhibidas por TV, tienen relación con una sanción impuesta por la IGJ a la fundación Alameda.

Según Vera, la IGJ no se comporta igual con fundaciones ligadas al oficialismo local y nacional. Y enumera: Fundación Pensar se encontraba investigada desde el año 2015, y pese a que informó en forma parcial  lo requerido por la IGJ, no tiene problemas en seguir funcionando.

Lo mismo va para la Fundación Formar, de Guillermo Dietrich, que recién presentó su balance de 2012/2013, en 2016. Otra con irregularidades es la Fundación SUMA, de Gabriela Michetti. «En 2015, cuando la ex directora de Entidades Civiles de la IGJ les solicitó que aclaren quienes habían aportado el dinero, no contestaron», denuncia Vera.

Claudio Serrentino

Foto: Fundación La Alameda