La Cámara de Apelaciones resolvió rechazar la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad, respecto del recurso de amparo presentado por vecinos que se oponen a la «zona calma» de Villa Real.

Hace un año, a raíz de la oposición de que se instale una la ciclovía sobre la calle Víctor Hugo, los vecinos se enteraron que en realidad, el proyecto era mucho más invasivo, y llevaba el nombre de «zona calma».

Les costó mucho acceder al boceto. La Junta Comunal 10 estaba al tanto del tema, pero jamás informó a los vecinos del plan que había elaborado el gobierno porteño para su barrio.

Salvo un par de Juntistas, el resto les dió la espalda, y quedaron solos para intentar frenar una obra que iba a modificar la fisonomía de su barrio.

Debieron dedicarle horas de su tiempo para concretar y acudir a reuniones, entrevistas, audiencias, con integrantes del Ejecutivo, la Legislatura y la Defensoría del Pueblo, contra reloj, porque mientras los vecinos debían hacer lobby, la empresa contratista iniciaba las obras.

Gracias al patrocinio legal aportado por la Fundación Alameda primero, y Camioneros después, pudieron iniciar el recurso de amparo.

Y por si esto fuera poco, los vecinos que se oponían a la «zona calma» debieron padecer durante semanas la presencia de la policía antidisturbios en las puertas de sus casas, un claro acto intimidatorio.

Y la cosa no quedó allí: a una de las vecinas que encabezó el amparo, intentaron allanarle la casa a raíz de una causa «armada», y como con ella no pudieron, fueron por la casa del hijo y le secuestraron el auto (que todavía sigue secuestrado en sede judicial).

Una vergüenza, indigna de un gobierno democrático.

Los argumentos de los vecinos eran los siguientes:

  • No están bien proyectadas y dificultarán la movilidad de las ambulancias, los camiones de bomberos, de recolección de residuos y los vehículos de las fuerzas de seguridad, que no podrán maniobrar correctamente.
  • Los canteros proyectados, por su ubicación, generarán bloqueos en el tránsito vehicular.
  • Disminuirá la cantidad de espacios de estacionamiento en la vía pública, por lo que los habitantes tendrán que trasladarse mayores distancias caminando de noche a sus hogares en una zona que sufre de inseguridad.
  • El trazado de ciclovías y la instalación de chicanas dificultará el ascenso y descenso de los niños que concurren al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros.
  • No se consideró que casi el cincuenta por ciento (50%) de la superficie a intervenir es Distrito AE26 – “Vías de ancho reducido” que tienen protección especial por ser ámbitos de significación ambiental en los términos de la ley 4738.

El juez de primera instancia Aurelio L. Ammirato dió lugar al recurso de amparo, y le pidió al gobierno porteño que cumpla con los estudios de impacto ambiental y de categorización. Pero de acuerdo a lo aportado por la Ciudad, concluyó que «la prueba reunida no permitía establecer si, con respecto al proyecto en debate, se había dado cumplimiento cabal al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en alguna de sus variantes».

Luego del fallo en primera instancia, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo, basándose en que había cumplido con el procedimiento requerido.

Con todos estos antecedentes, el pasado 8 de Junio (aunque trascendió ayer) la Cámara de Apelaciones, por voto de mayoría, resolvió «rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA y confirmar la resolución apelada».

Claudio Serrentino

Foto: Archivo La Bocina