La justicia porteña continúa reafirmando que es ilegal una resolución emitida por la Secretaría de Comunicación Social del gobierno porteño. Dicha medida rebaja en más de 20% la pauta publicitaria que les corresponde a los medios barriales, a contramano de lo que sostiene la ley 2587.

Pese al reconocimiento por parte de los poderes políticos de la Ciudad, que resolvió oficialmente denominar al 6 de Diciembre como «Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social», desde principios de este año, el gobierno de Rodríguez Larreta inició una ofensiva contra los medios barriales. Para lastimarlos gravemente, pegó donde más duele: el bolsillo.

A través del Subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchensky, emitió una resolución con la cual, resuelve rebajar en más de 20% el valor de la pauta publicitaria determinada a través de la ley 2587.

Dicha norma determina las características que deben cumplir los medios para ingresar al Registro de Medios Vecinales, y así, poder acceder a la publicidad oficial. Entre ellos, los más importantes son: contar con producción periodística propia, y no tener ocupado con publicidad, más del 50% del espacio del medio.

A raíz de la violación a la ley, un grupo de medios se presentó ante la justicia para solicitar un recurso de amparo. El mismo fue rechazado en primera instancia por una jueza, e incluso una fiscal propició también su rechazo.

Pero la Cámara de Apelaciones puso las cosas en su lugar, dando entidad al recurso de amparo.

Tras el fallo en segunda instancia, se designó al juez  Juez Guillermo Scheibler, quien se hizo cargo de la causa judicial caratulada «SERRES , LUIS ALBERTO Y OTROS C/ GCABA S/AMPARO – OTROS», Expte. N° A1899-2018/0.

El magistrado hizo lugar al pedido de los medios barriales; y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución 813/18 dictada por la Subsecretaría de Comunicación Social, hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en autos.

Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que encabezó la defensa legal de los periódicos, radios y webs locales, la resolución firmada por Merchensky cometía varios atropellos a las normas:

1) Viola la Ley N° 2.587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social y su Decreto Reglamentario Decreto N° 933/2009.

2) Lesiona los derechos culturales reconocidos en el art. N° 32 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley N° 2.176. La protección de los Medios Vecinales y su sustentabilidad económica garantizada por la Ley N° 2.587 tiene por objeto proteger también otros derechos culturales de los habitantes de la Ciudad, como el derecho a la democracia cultural, el derecho de acceso a la diversidad y pluralidad de opiniones, el derecho a la protección y difusión de la identidad pluralista y la historia de la ciudad, el derecho a la superación de las barreras comunicacionales, el derecho a la libertad de prensa y expresión en su faz colectiva, etc.

3) Los legisladores de la Ciudad quisieron otorgar certidumbre a los Medios Vecinales, eliminar la discrecionalidad por parte del GCBA y garantizar la actualización permanente de los montos de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. La Resolución N° 813/2018 destruye estos derechos.

4) La Resolución N° 813/2018 constituye una violación flagrante del principio de no regresividad en materia de derechos humanos al modificar el sistema tarifario de pautas institucionales para los Medios Vecinales reduciendo los montos percibidos afectando la permanencia de la labor de cada uno de ellos y su sustentabilidad. Esto es un retroceso de los derechos adquiridos por los Medios Vecinales hace más de 10 años.

En su sentencia, el juez reconoce el carácter distintivo que la ley 2587 le da a los medios barriales: «la ley 2587 conforma un régimen de fomento para determinados medios de comunicación, aquellos de carácter gratuito y escala vecinal. En este sentido, resultaría relevante detenerse en el hecho que tal como surge de sus propios considerandos, la resolución impugnada pretendería aplicar en tal ámbito un sistema instaurado para regular situaciones distintas con otro tipo de medios de comunicación».

A través de un comunicado, los medios vecinales afirmamos que el ataque del gobierno de Rodríguez Larreta «es parte de una política de persecución y disciplinamiento de los medios vecinales que se integra con las sanciones que el GCBA está realizando sin sustento fáctico, y sin cumplir los procedimientos administrativos».

Cabe acotar que entre los 269 medios barriales que integran el Registro de Medios Vecinales, sólo se gastan 4 de cada 100 pesos que el gobierno porteño invierte en publicidad.

Claudio Serrentino

Imagen: Archivo La Bocina