Mientras el gobierno nacional autorizó a las distribuidoras de gas a cobrar a los usuarios un importe «extra» en 24 cuotas mensuales, para compensar los efectos de la devaluación, los usuarios se autoconvocan por redes sociales para no pagar ese importe. ¿Dónde estás, ENARGAS…?

El ambiente está gaseoso, denso. Para los usuarios, al menos.

Inversamente proporcional es la realidad para las distribuidoras de gas, y para los funcionarios: los segundos, desde la Secretaría de Energía, autorizaron a los primeros a cobrar a los usuarios una «compensación» por la devaluación.

Esa «compensación» implica un aumento -mínimo- del 50% en las facturas de gas. Pero tranquilos, que podría pagarse hasta en 24 cuotas.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, afirma que el aire no está enrarecido por la suba del gas, sino por una maniobra política.

Culpa directamente a la senadora Cristina Fernández, de causar desinformación a través de un tweet de su autoría, que dice textualmente: «Acabo de leer en el Boletín Oficial la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda por la cual, para compensar a las empresas por la devaluación, le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra en 24 cuotas a partir del 1° de enero«.

Iguacel asegura que «Más de la mitad de lo que dicen eso son militantes que quieren asustar a la gente, son mentiras».

El secretario de Energía copia y pega las palabras de su predecesor -y accionista de Shell- Aranguren:  «A partir de esta ecuación tarifaria, se puede empezar a invertir nuevamente«, repitió sin ponerse colorado.

Por las dudas, a través de Facebook, Whatsapp y otras redes sociales, está circulando la convocatoria a resistir este atropello, que reza en letras mayúsculas YO NO PAGO.

Ojo, que la idea de Iguacel no sería del todo mala, si se aplicara en todos los ámbitos: compensar a jubilados y asalariados por los efectos de la devaluación, podría generar que esta rebelión se aplaque. Y aparezcan los billetes necesarios para poder compensar a las distribuidoras del gas.

Es que esto no sería necesario, según el secretario, ya que «el 70% de los hogares pagarán $ 700 mensuales (…) la mitad de lo que sale el cable».

Según el razonamiento (de alguna manera hay que llamarlo) de Iguacey, esa cifra es insignificante para la clase pasiva (la mínima $ 8.637), y los que cobran el salario mínimo ($ 10.000).

Mientras tanto, mientras el gobierno y las distribuidoras de gas mantienen firme su alianza contra los usuarios, la pregunta es: ¿DÓNDE ESTÁ EL ENTE QUE CONTROLA A LAS EMPRESAS Y DEBERÍA DEFENDER A LOS CONSUMIDORES, EL ENARGAS…?

Ah, sí. Ya aprobó el aumento y la compensación

Claudio Serrentino