Mientras los economistas hablan de cualquier cosa -menos de la inflación-, la inflación sigue subiendo, generada por… el mismísimo Estado. Los servicios públicos suben, suben y suben, empujando al índice de la inflación. El subte porteño no escapa a las generales de la ley.

Durante los años cristinistas, el gobierno porteño solía justificar sus incesantes aumentos de ABL y patentes con la frase… «y, el INDEC no funciona». Así, se mandaba violentas indexaciones de los impuestos.

Hoy, que aquellos gobernantes no sólo gobiernan la Ciudad, sino la Nación toda… ese sistema fue blanqueado, pulido y mejorado. Hasta rozar una peligrosa impunidad.

Porque hoy, el INDEC funciona. Y proyecta una inflación del cuarenta y pico por ciento para el 2018, en buena parte impulsada desde el Estado nacional, al avalar una política voraz de aumentos incesantes en los servicios públicos.

¿De dónde sale entonces el numerito del aumento anual del subte porteño? Porque de acuerdo a las últimas subas programadas –$ 1 por mes, hasta llegar a $ 16.50 en febrero de 2019durante este año, del transporte público subterráneo habrá elevado su precio en 93%.

Ya que en Enero de 2018 su valor era de $ 7.50, y en Diciembre próximo llegará a costar $ 14.50.

Y una cosa es el 40% y otra muy distinta, el 93%. Los beneficiarios directos de este aumento son los concesionarios del subte, la empresa Metrovías -grupo Roggio-.

Seguramente, la intención es «poner en valor» el servicio, ya que luego de 25 años, se abrió una licitación para ver quién maneja el subte.

Metrovías volvió a presentarse; también RATP Dev (en asociación con Alstom) y Keolis-Helport. Por estos días se definirá a quién le adjudicarán el servicio hasta 2034.

Este nuevo esquema tarifario fue presentado en la Audiencia Pública del 24 de Septiembre pasado (las cuales, queda claro, sólo sirven para «blanquear» estos abusos).

En aquella ocasión, la Defensoría del Pueblo, la presidenta de la Auditoría General, legisladores y dirigentes plantearon su rechazo al aumento.

Y sin embargo, todo siguió por los carriles «habituales» (esquilmar a los usuarios).

La Audiencia Pública escuchó (bueno, hizo como que escuchó) a usuarios, dirigentes y defensores, prontamente desechó sus argumentos y continuó con el negocio -perdón, con el trámite-.

Y el pasaje en subte vale lo que ellos quieren que valga.

Claudio Serrentino