El juez Roberto Gallardo dió lugar a un recurso de amparo, y prohibió a la Policía de la Ciudad que acate la normativa anunciada este lunes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El gobierno nacional y el porteño rechazan los argumentos del magistrado.

En Marzo de este año, en Tucumán, un pibe de 12 años fue asesinado por un policía. El pibe iba en moto; el policía creyó que estaba escapando de un ilícito. De un tiro en la nuca, fuerzas policiales lo mataron. Ese pibe se llamaba Facundo Ferreyra.

Cuatro meses después, uno de los dos policías acusados del asesinato, fue detenido por arrebatarle la cartera a una mujer.

Lamentablemente, otros jóvenes murieron por la violencia policial, sólo en esa provincia: Ismael Lucena, Miguel Reyes Pérez, María José Gordillo, Raúl Robles, Emanuel Gallardo, Jalil Juárez, Alexis Noguera, Ariano Biza.

El lunes, entusiasmados por la falsa sensación de seguridad generada por la cumbre del G 20, al gobierno nacional se le ocurrió impulsar a Patricia Bullrich como candidata a Vicepresidente.

Y no tuvieron mejor idea que «bolsonizar» la propuesta, lanzando este ridículo reglamento para las fuerzas de seguridad, que contradice al Código Penal.

Los integrantes de las fuerzas de seguridad podrán disparar por la espalda si a alguien lo consideran sospechoso. Similar a los tiempos de la dictadura, cuando te detenían «por portación de cara» o «porque no les caíste simpático».

Lo cierto es que la diputada Myriam Bregman, la Correpi y la asociación «Nace un Derecho», presentaron un recurso de amparo al respecto; y el juez Roberto Gallardo no sólo dió lugar, sino que consideró «inaplicable» e «inconstitucional» la resolución 956/2018.

Desde el gobierno -mientras esperan a que los encuestadores «midan» a Pato Bullrich- brotaron las declaraciones en contra del dictamen del juez.

El ministro de Seguridad Diego Santilli declaró: «habría que preguntar por qué un juez de la Ciudad se mete en un reglamento federal declarándolo inconstitucional. Todo reglamento, bienvenido sea«.

Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo casi lo mismo que Santilli (¿mismo guionista?): «No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales (…) Es una reglamentación interna, como tienen la mayoría de los países. El protocolo sigue normativas de Naciones Unidas de cuál es el uso de la fuerza y en qué situación».

Claudio Serrentino

Foto: La Gaceta de Tucumán