Luego de la muerte de la agente de tránsito Cinthia Choque, el gobierno porteño prometió incorporar a planta permanente a los agentes de tránsito contratados como monotributistas. Sin embargo, despidió a 80 trabajadores, entre ellos, a quienes protestaron contra la precarización laboral.

Hace apenas 4 meses, Eugenio Veppo pasó a toda velocidad con su auto por Figueroa Alcorta y Tagle. Allí había un control de tránsito. Veppo, que iba a 128 km por hora al momento del impacto, mató a Cinthia Choque e hirió de gravedad a Santiago Siciliano, ambos controladores de tránsito.

El trágico hecho desnudó otra realidad, la de la precarización laboral de los agentes de tránsito: Cinthia estaba contratada por el gobierno porteño como «monotributista», con lo cual no contaba con los derechos de un trabajador en relación de dependencia, ni cobertura de ART.

Lo mismo ocurría con muchos agentes «monotributistas» que hacen los controles para el Gobierno de la Ciudad.

Sin embargo, la web oficial buenosaires.gob.ar asegura que «su trabajo es clave para alcanzar el compromiso de reducir las víctimas fatales por siniestros viales».

¿Un trabajo tan importante no merece condiciones dignas para desarrollar la tarea?

Pese a que todo esto ocurrió durante la campaña electoral de 2019, la mayoría de los medios centraron sus coberturas en el siniestro vial, no en la precarización laboral de los agentes.

En noviembre pasado, a raíz de un recurso de amparo presentado por ATE, la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara le ordenó al jefe de gobierno a no despedir a los agentes de tránsito, e instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de éstos.

En su fallo, la jueza se preguntaba: “Los agentes de tránsito son seres humanos que través de su presencia permanente en la vía pública tienen a su cargo el control del tránsito vehicular, la educación vial y velan por la seguridad y cuidado tanto de los peatones como de los conductores. Pero… ¿quién cuida de ellos?”.

La pregunta se torna fatal, a la luz de los últimos hechos.

Una de las referentes de los trabajadores, Daniela Ferrando, declaró a Radio Nacional que el gobierno porteño ordenó echar a alrededor de 80 trabajadores.

Los despedidos «fueron los que alzaron la voz contra la precarización laboral. Por eso consideramos que es una cuestión de discriminación política, y por eso interviene el INADI. Yo trabajaba con Cinthia y Santiago, el hecho hizo que despertemos, y nos dimos cuenta a lo que estábamos expuestos. Pedimos algo mínimo, como que nos acompañe la Policía en los controles de alcoholemia, y nunca sucedió. Es muy triste que no se hayan hecho cambios después de lo que pasó», dijo Daniela.

Voceros del gobierno porteño declararon a A24 que las razones son otras: «decidimos no renovar el contrato de 78 agentes porque, entre otras irregularidades, tenían muchas ausencias injustificadas y en algunos casos presentaron certificados médicos apócrifos«.

La titular del INADI, Victoria Donda, brindará una conferencia de prensa con los trabajadores damnificados.

Claudio Serrentino

Foto: NA