La falta de políticas de Estado durante los últimos 37 años de gobiernos democráticos, profundizó la crisis habitacional en la Ciudad y en el país. Entre los funcionarios que aprovechan su lugar de privilegio para beneficiarse y/o beneficiar a amigos, y los grandes brokers inmobiliarios que digitan el mercado, los perdedores de este dramático juego son quienes más necesitan: los millones que no tienen casa, o que viven muy precariamente.
- La Argentina estaba al borde de su desintegración como nación. El desastre político-económico-social de los últimos 12 años, hizo trizas las esperanzas de los argentinos, que se volcaron masivamente a las calles, al grito de “que se vayan todos”.
Por aquellos tiempos difíciles, en uno de sus envíos, el programa “Día D” –Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Horacio Verbitsky, Marcelo Montenegro– se ocupó del problema de la falta de vivienda en la Argentina.
El informe incluyó un dato no menor: las tierras fiscales -o sea, en poder de los Estados nacionales, provinciales y/o municipales- sumaban el equivalente al territorio de cinco provincias. Sean cuales fueran esas provincias, en proporción significaban un cuarto del total del territorio argentino.
Si se tiene en cuenta que, por entonces, había un millón de familias sin casa propia, el Estado contaba con la herramienta fundamental -terrenos- para reparar esa situación.
Entonces gobernaba Eduardo Duhalde. Desde 2003, Néstor Kirchner y Cristina Fernández gobernaron durante 12 años. Luego, 4 años de Macri.
Hoy, una de cada tres familias sigue teniendo problemas de vivienda. Las estadísticas dicen que faltan alrededor de cuatro millones de casas. Un millón y medio, nuevas; el resto, son las que no reúnen las condiciones básicas de habitabilidad, y que se deberían reacondicionar.
¿No hicieron nada? Sí hicieron, pero fue absolutamente insuficiente. Es decir, el Estado no direccionó sus políticas según lo que ordena la Constitución Nacional (“acceso a una vivienda digna”, artículo 14 bis), sino que quienes ocupan los lugares de liderazgo, priorizan sus propios intereses por sobre los de la gran mayoría.
PERTENECER TIENE SUS PRIVILEGIOS
Porque sí fueron rapidísimos a la hora de beneficiar a amigos, o participar los mismos funcionarios en remates tipo “ganga”, gracias a la información privilegiada que otorga formar parte del Estado.
Caso 1: Nicky Caputo, “amigo del alma” del ex jefe de gobierno y ex presidente Mauricio Macri, ocupó un terreno en el barrio de Caballito “para que no lo usurpen” (según testimonio de Gustavo Desplats). La supuesta “protección” del terreno, derivó en la usurpación de una empresa de Nicky, que construyó allí las “Torres dos Plaza”, dos edificios torre de 33 pisos cada una.
Caso 2: La compra a “precio vil” de grandes extensiones de terreno ( $7,50 el metro cuadrado) que luego revendieron en millones de dólares. De la “ganga” participaron funcionarios de gobierno y sus amigos. Gracias a la justicia “dependiente”, la causa se congela o se activa, según los colores del gobierno de turno. 18 años después, todavía no hay fallo.
Caso 3: “Entre 2017 y 2018 la ciudad vendió 2,5 millones de metros cuadrados de tierras fiscales (recaudó U$S 1.140 millones). Quienes lo compraron, lo revenderán en U$S 12.500 millones de dólares. Pero para que esas tierras tengan ese valor de reventa, el Estado deberá gastar U$S 15.000 millones para mejorar la accesibilidad de esas tierras, destinadas a oficinas, comercios y viviendas premium” (Manuel Ludueña, arquitecto y docente en la maestría de Tecnologías Urbanas Sostenibles -UBA-FI-, y ex consejero del Plan Urbano Ambiental).
En este último caso, el papel del Estado porteño, es el del gil que fomenta que los otros hagan negocios. En lugar de recaudar, ayuda a los grandes brokers inmobiliarios a hacer negocios, como si se trataran de pequeñas pymes de la construcción.
Durante los últimos años, en lugar de dedicar parte de esos terrenos fiscales a combatir el déficit de vivienda, los gobernantes prefirieron venderlos a los que se dedican a la construcción de viviendas “para inversión” o premium.
Con lo cual, no sólo no solucionaron el problema, sino que lo agravaron: en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay casi 140.000 viviendas ociosas. Es decir, nadie vive en ellas, mientras que las familias que necesitan una casa para vivir -o viven en un lugar precario- suman una cantidad similar a las viviendas que nadie usa.
FALTA DE POLÍTICA DE VIVIENDA
En 37 años de democracia, se profundizó la brecha entre los que tienen por demás, y los que no tienen ni lo básico. Mientras a un tercio de las familias les falta, unos pocos siguen acumulando propiedades que jamás usarán (y en algunos casos, ni siquiera pondrán en alquiler).
Los planes de vivienda del Estado fueron insuficientes, con el agravamiento de los que adquirieron su propiedad con el sistema de cuota UVA, durante el gobierno de Macri: se volvió impagable y después de dos o tres años de cancelar cuotas, la deuda, en lugar de reducirse, crece.
Las promesas casi nunca se cumplen, y si se cumplen, nunca alcanzan la solución integral. Cristina se ufanó de “ser el gobierno que más viviendas construyó”, pero el déficit se aumentó. Macri anunció “un millón de viviendas en cuatro años”. Se fue con la promesa incumplida.
Si el Estado no puede/no quiere garantizar este derecho, el sector privado está lejos de ser un actor justo. Ignora una cuestión fundamental: la función social que cumple la vivienda (y los gobiernos son cómplices, al no equilibrar la balanza de esta compulsa desigual).
Los millones que no tienen su casa sufren el desarraigo, pierden el sentido de pertenencia, una cuestión de identidad que -al tener que mudarse cada dos/tres años- es otro motivo para sentirse afuera del sistema. Además de gastar plata en mudarse, reacondicionar propiedades ajenas, etc.
A lo único que le prestan atención los grandes pools inmobiliarios (que son quienes determinan las pautas del mercado), es al valor de las propiedades, que no baja, precisamente (obvio: sube el precio, sube su comisión).
Según el sitio Reporte Inmobiliario, en los últimos 10 años el valor del metro cuadrado subió casi el doble… ¡en dólares! Pasó de U$S 1.500 a U$S 2.986.
De esta manera, los que no tienen, están cada vez más lejos de cumplir con el “sueño de la casa propia”. Un departamento de dos ambientes ronda los U$S 100.000.
Si una pareja decide ahorrar U$S 200 por mes cada uno (lo que permite comprar el Banco Central) deberá esperar 21 años para poder tener su propio techo.
Y durante todo ese tiempo, rezar para que ambos mantengan su trabajo, sigan juntos, y que el precio de la propiedad no suba.
Conductores y panelistas de TV se rasgan las vestiduras ante las usurpaciones de terrenos y en defensa de la propiedad privada.
Pero en la mayoría de los casos, no profundizan sobre el verdadero drama: la falta de acceso a la vivienda que padece una de cada tres familias.
Claudio Serrentino
Fotos: Télam y TN
