La ocupación en Guernica marca la magnitud de la crisis de vivienda en la Argentina. Mientras cientos de familias pelean por una pequeña porción de tierra, otros millones padecen el insólito silencio del gobierno, que no anuncia la prórroga del decreto 320 (congela alquileres y suspende desalojos). Sin embargo, este grave problema no tiene trascendencia mediática, ni política.

La situación de los ocupas de Guernica tomó trascendencia nacional en los grandes medios, siempre listos para defender la propiedad privada.

Mediáticamente, se baja el discurso de que es una “usurpación” organizada por “punteros políticos” que se “aprovechan de la pobre gente”.

Inmediatamente después, viene la frase políticamente correcta: “es cierto que faltan viviendas, pero esta no es la manera”.

Ahí se termina el speech. Nadie profundiza ni quiere profundizar sobre un tema tan tabú, para la sociedad argentina, como lo es la vivienda, o mejor dicho, la falta de vivienda.

¿Cuál sería la manera…?

Ese problema, que padece una de cada diez familias que viven en la Argentina, NUNCA ingresa a la agenda, a los temas “top”, esos que aparecen a cada rato en los titulares de diarios, y zócalos en canales de noticias.

Postergada esa discusión, y volviendo a lo urgente: ¿Cuál sería la solución para los ocupas de Guernica? Enseguida aparece la “mesa de negociación”, con la idea obvia de dilatar los tiempos, postergar la cuestión, hacer el juego del desgaste para que abandonen y sigan viviendo como puedan, donde puedan.

Curiosamente, esta cuestión tan sensible a la Justicia Social con mayúsculas, toma de sorpresa a un gobierno que se declara peronista/kirchnerista.

¿Convengamos “progresista”? Okey. Bueno, los “progresistas” se quedaron atónitos con la bomba de necesidades básicas insatisfechas que explotó en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno, los gobiernos, los funcionarios que lo integran, sus empleados e incluso, sus allegados… pareciera que todos tienen casita propia, y no conocen a ninguno que carezca de vivienda. Quizás por eso –como el problema no está cerca, no existe- no le dan prioridad a la cuestión. Sí, el plan PROCREar ayudó a miles, pero el problema afecta a millones.

Inquilinos, y los que también alquilan y/o viven en “barrios populares” (ex villas) en condiciones paupérrimas, son las víctimas de esta perversidad “democrática”: 37 años después, el 95% de los que necesitan vivienda, sigue esperando alguna solución.

Los primeros son otra bomba dentro de la bomba. El 30 de Septiembre vence el decreto 320, que congela alquileres y suspende desalojos. En muchos casos, las inmobiliarias y los dueños presionan a los inquilinos para que se vayan, y así volver a alquilar, pero a un valor mucho más alto que el que estaban recibiendo.

Ya se sabe: el “mercado” siempre juega a favor de los que tienen, para seguir aprovechándose de los que no tienen

Una de las entidades que representa a los inquilinos asegura que “habrá prórroga del decreto”. Aún así, aunque se anuncie ahora mismo, el silencio del gobierno hizo un daño muy grande al sector de los inquilinos.

Recién la semana pasada (!!!) la diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en el Congreso, para postergar la emergencia hasta 2021.

La incertidumbre ante la falta de anuncios oficiales por un lado, el apriete de los propietarios por el otro, obligó a los inquilinos a:

  • Pedir plata prestada para poder buscarse otro lugar para vivir, en medio de la pandemia y con ingresos recortados. O
  • Quedarse y enfrentar las agresiones de los dueños, ya que se fueron sumando meses sin poder pagar el alquiler (el 40% de los inquilinos está en esa situación).

En cualquiera de los dos casos, es una auténtica catástrofe familiar y social.

Los progres en el poder parecen faltos de reacción. Alberto pontifica en la ONU sobre la solidaridad mundial, cuando en su propio país, miles de familias se sienten aterrorizadas por un gigantesco signo de pregunta, grande como una casa: ¿dónde viviremos el mes que viene?

Los progres de la izquierda parece que también son propietarios, porque no existen declaraciones de ninguno de sus referentes sobre este problema que padecen los inquilinos, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.

Basta con googlear, por ejemplo, “FIT desalojos”, para caer en la cuenta que la fuerza de izquierda con más diputados en el Congreso y la Legislatura porteña, sólo menciona esa palabra para referirse a los ocupas de Guernica. No dicen nada sobre esta problemática de los inquilinos, que están con la espada de Damocles sobre la cabeza.

Es decir: no sólo los progres oficialistas, sino también los de la oposición se hacen los otarios, a la hora de encarar esta verdadera emergencia social.

Y pregunto: si a estos funcionarios, que están cobrando sueldos para –teóricamente- representarnos a todos, no les importa que millones de personas no sepan dónde van a vivir el mes que viene… ¿A quién puede importarle?

El 13 de Septiembre pasado, fue una fecha emblemática para los que alquilan, aunque la gran mayoría lo desconozca. Dice la entidad Inquilinos Agrupados:

“El 13 de septiembre de 1907 comenzó la huelga de inquilinas en Argentina. Los dueños de los inquilinatos aumentaron un 30% el precio de los alquileres y en el barrio de Barracas comenzó la huelga. Decidieron no pagar el alquiler.

La huelga duró unos meses. Se extendió a varias ciudades del país y lograron bajar los precios. Fue la primer huelga de inquilinos del mundo y lograron, no sin represión, frenar los aumentos.

Hoy, 113 años después, destinamos la mitad de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler, la vivienda está dolarizada y no es un derecho sino un negocio de pocos”.

¿Habrá algún progre que pueda ocuparse de esta situación, o seguirán con la hipocresía de siempre, discurseando vanamente sobre democracia, inclusión, igualdad, justicia social?

Claudio Serrentino

Foto: Télam