Policías armados enfrentan a familias desesperadas y desarmadas; movileros que repiten la palabra “usurpación” a cada rato, pero casi no hacen referencia al problema de la falta de vivienda. El déficit habitacional no se soluciona quemando casillas.

Una frase repetida en todos los canales, a la hora de las noticias: “usurpar terrenos está mal”.

Claro que está mal. Pero… ¿qué pasa cuando el único objetivo de las personas que ocupan esos terrenos, es tener su casita, a la cual no pueden acceder por ninguna de las vías formales?

Porque no hay crédito para los que no tienen casa y no tienen ahorros, o tienen ahorros pero no tienen los ingresos suficientes, o la plata que les presta el banco no les alcanza ni para medio ambiente; porque los emprendimientos inmobiliarios no son para los que lo necesitan, sino para los que ya tienen e “invierten en ladrillos”; porque el Pro.Cre.Ar. es una lotería a la que sólo acceden los que salen sorteados. La gran mayoría de los que se inscribieron, seguirán esperando.

Mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente que no tiene su casita? Porque los años pasan,  y las soluciones no aparecen.

El mismísimo presidente Alberto lo reconoce: «hay una necesidad social de gente que necesita un techo y hay que atender». Pero… “el método no es la toma de campos”.

¿Cuál sería el método, entonces? ¿Cuál es el plan para que tengan su casa, los que no tienen? ¿La propuesta del gobierno empieza y termina con los sorteos del Pro.Cre.Ar.?

Ese plan, que seguramente es mejor que nada, pero absolutamente insuficiente, prevé entregar en un año, 10.000 viviendas y 10.000 terrenos para construir. En Argentina hacen falta 3.500.000 casas. A este ritmo, se satisfacerán las necesidades básicas de vivienda dentro de… ¡175 años!

Mientras tanto, mientras se espera que alguna vez se definan políticas de Estado respecto a la vivienda, tema crucial para cualquier familia –pese a que les pagamos para eso, nuestros dirigentes no pudieron hacerlo en casi 40 años ininterrumpidos de democracia– la propuesta del gobierno de Axel Kicillof, a través de su ministro Sergio Berni, fue bestial, primitiva, dramática; pero -eso sí- muy gráfica.

Las fuerzas policiales prendieron fuego sus ranchitos, como si en los campos de Guernica y Escobar se llevara a cabo un rito del Ku Klux Klan criollo incendiando, gozosos, los sueños de nuestros morochos pobres.

Guernica y Escobar coinciden en dos puntos: el primero, repetido hasta el cansancio por funcionarios: la defensa irrestricta de la propiedad privada.

El segundo: ya concretado el desalojo, allí se construirán countries para gente que YA TIENE CASA, y que busca una opción “cerca de la naturaleza” para el fin de semana.

En un país donde hay tanto déficit habitacional, parece un chiste de mal gusto quemar ranchitos para que allí se instalen viviendas de lujo.

Los intereses juntan a quienes quieren hacer negocios construyendo y vendiendo ese tipo de “propiedad privada”, ajena a las necesidades del país… con aquellos que, desde el Estado, autorizan esas obras. Se les suman los funcionarios judiciales, que garantizan que esas “inversiones” se puedan concretar sin “usurpadores”.

Ahora bien: este gobierno pregona que el Estado debe tener un rol “regulador” para concretar la tan anhelada justicia social… Pues bien: entonces, que sólo permita la construcción de casas familiares para los que no tienen. No más mansiones, para los que ya tienen.

Que no se use la vivienda para especulación: el que quiera invertir, que lo haga en la Bolsa y que corra el riesgo, que para eso está.

Lamentablemente, hay imágenes que valen más que mil palabras. La de los ranchitos incendiándose, deja ver un doloroso desprecio por los pobres.

Cuesta creer que los que ordenaron encender la mecha, son los mismos que dicen levantar la bandera de la justicia social.

Claudio Serrentino

Imagen: Anred