Los profesionales inmobiliarios venimos sufriendo una larguísima crisis, que se inició dos años antes que la Pandemia. Y la actual coyuntura, con la fuerte inestabilidad de la economía en general, está produciendo un efecto letal para nuestra actividad.

La mayoría de las últimas medidas que se han tomado para nuestro sector han sido -con pocas y contadas excepciones- sumamente nocivas.

La sanción de la Ley de Alquileres y el congelamiento de los contratos han arrasado con el mercado de alquileres de viviendas, generando que miles de unidades de retiren de la oferta mientras que, las que se mantienen, han mostrado aumentos del orden del 50 al 65% en los valores mensuales.

Por otro lado, las políticas de restricción del mercado cambiario y la falta de créditos complican fuertemente la compra/venta de inmuebles, lo que significa que, a pesar de haber una mayor oferta de inmuebles residenciales en venta, es casi imposible que se concreten operaciones.

Para enfrentar esta situación, necesitamos medidas urgentes y que, los ciudadanos las vean confiables. Los profesionales inmobiliarios hemos presentado una y otra vez a distintas autoridades varias propuestas que -estamos convencidos- servirán para poner de pie rápidamente a nuestro sector.

La primera de ellas es una medida rápida, efectiva, conocida, y ya probada: los CEDIN. Los certificados de depósito para inversión, permitiendo un “blanqueo” simple y efectivo de capital expresamente dirigido a la compra de inmuebles terminados o en construcción, que permitirían duplicar en un trimestre la actividad que tiene el mercado inmobiliario en la actualidad.

Por otro lado, creemos necesario que desde el Estado se encare un Plan de Viviendas de Interés Social, como así también el acompañamiento de los inversores privados, otorgándoles reducción de impuestos, con la obligatoriedad de alquilar por ocho años.

En el mismo sentido, también proponemos la puesta en práctica de un Plan de Viviendas en tierras públicas, mediante el cual desarrolladores urbanos construirían edificios en dichos terrenos, entregando una determinada cantidad de unidades al Estado en parte de pago de los mismos.

Estos planes deberían complementarse con la reglamentación de la Ley 27.6467, por la cual las unidades con un valor de hasta 140.000 UVAs no pagarían impuestos.

Estamos y estaremos a disposición de las autoridades para explicar el detalle de nuestras propuestas. Nuevamente señalamos la necesidad de respuestas urgentes, no podemos seguir esperando. Solicitamos ser escuchados y que se actué con rapidez para salir de esta difícil situación. Esperamos sea posible, somos optimistas.

Marta Liotto

Vicepresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario

de la Ciudad de Buenos Aires