El gobierno del presidente Macri sigue sin hacerse cargo de sus propias medidas. En lugar de anular o reducir el tarifazo, le traslada la responsabilidad a provincias y municipios, al pedirle que eliminen impuestos a los servicios públicos. La inflación acumula 55% desde que Mauricio Macri es el presidente de la Nación. El desfasaje económico -un impuesto encubierto a los pobres, los que más sufren la merma en el poder de compra- fue impulsado, mayoritariamente, por la suba en las tarifas de los servicios públicos. Ejemplos: el transporte público subió más del 230% en el mismo período. La luz, 512%. El gas aumentó desde fines de 2015 hasta hoy, 313%.
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Nadie pensaba seriamente que el costo de los servicios públicos fuera como hasta el 10 de Diciembre: un vecino de Córdoba -por ejemplo- pagaba 5 veces más que uno de Buenos Aires, por consumir la misma cantidad de kilovatios. Una locura, un despropósito, una cuestión que escapaba a toda lógica: mientras la inflación subía, subía y subía, el costo de los servicios públicos para porteños y bonaerenses quedaba congelado a los valores de hace años. Pero las distribuidoras de energía eléctrica no cobraban menos: gracias a los voluminosos subsidios que el Estado nacional les pagaba (y que nos lo echa en cara cada bimestre en la factura; viene impreso en rojo)