El ingeniero Edgardo Castro, inspector del Gobierno porteño y quien pidió en 2008 la clausura del depósito incendiado, presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo por el estado de otro local de la empresa ubicado en La Boca.
“El viernes por la tarde estuve haciendo un relevamiento en la puerta de un depósito que declara Iron Mountain como propio y cuyas condiciones son desastrosas”, señaló Castro en diálogo con la prensa luego de hacer la presentación ante la Subsecretaría de Trabajo porteña, a cargo de Ezequiel Sabor.
En la presentación, el inspector realizó un pormenorizado detalle de las irregularidades que se presentan sólo en la fachada del edificio, ubicado en la Avenida Pedro de Mendoza 2147.
En primer lugar, el informe señala que “falta identificación del establecimiento y número de habilitación expuesto en el exterior, conforme a normativa”.
En segundo término “faltan salidas de emergencia” y “toma de agua de bomberos al exterior, dado que la que se observa se encuentra deteriorada”.
[pullquote]El inspector denunció que falta la identificación del establecimiento, las salidas de emergencia y las tomas de agua de bomberos”.[/pullquote]
La denuncia menciona otras cinco condiciones desfavorables como “estado precario de la fachada con desprendimiento de material lo que implica un grave riesgo para los transeúntes”.
A partir de esta denuncia el Gobierno porteño debería actuar de inmediato, pedir un allanamiento, y constatar el resto de las condiciones. Esta vez no puede decir que no fue advertido”, sostuvo Castro.
En efecto, en la misma denuncia el ingeniero detalla los pasos que debería seguir el Gobierno porteño: dar injerencia a los organismos habilitantes, vallar la vereda, y constatar con las empresas de luz y gas los estados de los suministros.
El ingeniero indicó que, “aunque el edificio no está identificado, mientras estábamos haciendo el relevamiento salieron siete u ocho personas vestidas con uniforme de Iron Mountain”.
La denuncia será presentada también al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.
En 2008, Castro había labrado un acta sobre el depósito ubicado en Azara 1245 solicitando la clausura del edificio porque no reunía las condiciones de seguridad en caso de incendio, lo que finalmente sucedió el 5 de febrero de este año, donde por el derrumbe de una pared murieron diez personas.
Según denuncian los trabajadores del sector, “muchas de estas actas se han perdido” así como “tenemos actas con pedidos de clausuras que nunca se han llevado a cabo”.
“Además en el área de legales entre jueves y viernes algunos trabajadores han recibido malos tratos por parte de las autoridades de esta subsecretaría, donde casualmente se encuentran los expedientes de Iron Mountain”, denunció Castro.
“También es importante proteger a los trabajadores que están haciendo su labor, ya que ellos están denunciando una serie de hechos muy dudosos de no control porque no se sabe cómo se han habilitado algunos edificios”, señaló por su parte el legislador del MST, Alejandro Bodart, quien acompañó a Castro en la presentación de la denuncia.
Y continuó: “lo que en definitiva ellos denuncian es que lo que pasó en el depósito de Iron Mountain puede volver a suceder en cualquier momento porque no hay forma de hacer efectivos los controles”.
Por su parte, José Luis Mataza, secretario General de Ate Capital, sostuvo que “lo que sucedió en Barracas puso al descubierto una persecución que vienen teniendo los trabajadores de esta subsecretaría” y recordó el proyecto de “trasladar a la Agencia de Control Gubernamental la tarea de los inspectores de la subsecretaría sacándoles de esta forma su poder de policía”.
En tanto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el Poder Ejecutivo abrió una investigación para determinar qué documentación estaba guardada en el galpón de Iron Mountain cuando se incendió, y este expediente fue girado a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
El legislador porteño Alejandro Bodart, quien acompañó la denuncia del inspector, declaró: “Estas irregularidades confirman la necesidad de crear una comisión investigadora independiente sobre el incendio de Barracas y Iron Mountain, proyecto que presenté hace dos semanas en la Legislatura. El problema acá es doblemente grave, ya que a la falta de control estatal que pone vidas en riesgo se agrega que cuando los trabajadores de la Subsecretaría denuncian los funcionarios macristas los persiguen. Además, los gobiernos porteño y nacional deberían suspender sus contratos con esta empresa”.
El 5 de febrero pasado, el depósito de Iron Mountain de la calle Azara se prendió fuego por causas que se encuentra investigando la justicia y ocho bomberos y dos personas de defensa civil que trabajaban en el lugar para controlar el incendio murieron como consecuencia del derrumbe de uno de los muros.
Fuente: Télam y prensa Bodart.
Foto: Prensa Bodart.
