El juez Roberto Gallardo resolvió que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asuma la organización y ejecución del operativo de seguridad durante la marcha convocada por jubilados y gremios para el próximo miércoles 9 de abril. La decisión dejó sin efecto la intervención de las fuerzas federales que conduce Patricia Bullrich, y responde a un amparo presentado por la UTEP, la CGT y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que reclamaban el respeto a la autonomía porteña y el rol de la Policía de la Ciudad.
La medida judicial dispone que la Ciudad delimite con claridad el accionar de las fuerzas federales, restringiendo su participación únicamente a los denominados “objetivos federales”, como edificios públicos nacionales. Además, ordena que se garantice la libre circulación, el derecho a la protesta y la seguridad de los manifestantes.
El fallo recuerda que en anteriores movilizaciones, la intervención de las fuerzas federales derivó en hechos de violencia, como la grave lesión sufrida por un fotoperiodista durante una represión con gases.
Gallardo señaló que el planteo no es abstracto, sino una respuesta urgente ante un riesgo concreto para derechos fundamentales como la integridad física, la libertad de expresión y el derecho de reunión.
El juez calificó de “avasalladora” la actitud del Estado nacional por intentar imponer el protocolo de Bullrich en territorio porteño, y exhortó a la administración de Jorge Macri a asumir sus responsabilidades en materia de seguridad pública, conforme a la autonomía reconocida por la Constitución Nacional.
