Tres años después del inicio de la pandemia de la Covid-19, y de la crisis inflacionaria posterior, América Latina y el Caribe se ha convertido en una región más desigual, más empobrecida y mucho más polarizada social y políticamente.
Pero estas múltiples crisis no han afectado a todas las personas por igual. Puede parecer obvio, pero la brecha es gigantesca cuando medimos el desproporcionado aprovechamiento que una élite de ultra ricos ha sacado de esta situación.
Entre marzo 2020 y noviembre 2022, la riqueza de los milmillonarios de la región aumentó en un 21%,
un crecimiento 5 veces más rápido que el PIB de la región durante el mismo periodo (+3,9%), y muy por encima de las previsiones de CEPAL para 2023, que afirmaban que no se superará el 1,3%.
La riqueza de unos pocos se ha disparado, mientras la economía se ha ralentizado.
Las múltiples crisis actuales han disparado esta súper crisis de extrema desigualdad, pero es un fenómeno que ha venido alimentándose a lo largo de décadas de inacción política y ha creado una realidad paralela para los ultra ricos frente al resto de la población. Un ejemplo de ello es que, a lo largo de los últimos 10 años, por cada 100 dólares estadounidenses (USD) de nueva riqueza creada en Colombia, 45 USD han ido a parar a manos del 1% más rico y tan solo 12,4 USD al 50% más pobre.
Otro es el caso de El Salvador, donde el 1% más rico del país se ha llevado 4 veces más de la nueva riqueza que el 50% más pobre. Para Honduras y Guatemala, entre 2020 y 2021, el 1% más rico del país se llevó 7 veces más que la mitad más pobre de ambos países.
Cuando el modelo económico alimenta esta espiral de concentración tan extrema de la riqueza, las crisis se convierten en una nueva oportunidad de enriquecimiento para unos pocos. Así, el 1% más rico de Brasil concentra ya prácticamente la mitad de la riqueza del país, frente a apenas un 20,3% en manos del 90% más pobre, mientras que —a pesar de los recientes esfuerzos por recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo tras décadas de rezago— el hombre más rico de México cuenta con una fortuna superior a la de la mitad más pobre de la población, en un país más de 130 millones de habitantes.
Este boom de ultra ricos y de la concentración de riqueza en la región en tan pocas manos es el resultado del aprovechamiento de distorsiones del mercado por parte de unos pocos a costa de negar derechos sociales, económicos y laborales a millones de personas así como del avance de las emergencias climáticas y de la devastadora explotación de la naturaleza y de las riquezas naturales de los países, que deberían ser propiedad de toda su población.
Muchos de estos ultra ricos lo son en sectores como el minero y energético, donde están sacando ahora un beneficio extremo de un ciclo favorable de los commodities, en una región cuyas economías son altamente dependientes de la exportación de materias primas. Beneficios para unos pocos en América Latina y el Caribe, a expensa de la naturaleza y de la gran mayoría de las personas, especialmente mujeres, indígenas y personas racializadas.
En este sistema económico, beneficiados y perjudicados son dos caras de una misma moneda. Pero, mientras solo unos pocos ganan, una inmensa mayoría pierde, porque las reglas están diseñadas a favor de una élite de ultra ricos, para proteger sus intereses por encima de las necesidades de la mayoría.
Al terminar 2022, América Latina y el Caribe cuenta con 91 milmillonarios (individuos con una fortuna neta superior a los mil millones de USD), que juntos acumulan una riqueza de 398.200 millones de USD, una cantidad superior al PIB total de países como Colombia (con más de 50 millones de habitantes) o Chile (con cerca de 20 millones de habitantes).
De hecho, uno de cada tres de estos milmillonarios (30 individuos en total) ha emergido desde la pandemia, y acumulan entre ellos una riqueza total de 66.100 millones de USD, mayor que el PIB de un país como Uruguay con 3,5 millones de habitantes.
Como si aprovechando la pandemia y la crisis inflacionaria hubieran creado entre solo estos 30 individuos un país de ultra ricos, al apropiarse de lo que produce un país entero en un año.
Para la inmensa mayoría de la región, la realidad es muy diferente. Desde marzo de 2020 hasta finales de 2022, la desigualdad, la pobreza y las brechas sociales se han acentuado considerablemente en América Latina y el Caribe, endureciendo las condiciones de vida para la gran mayoría de la población.
Frente al 21% de crecimiento de riqueza de los milmillonarios, los salarios reales, de la mayoría de la población han perdido un 10% de valor en el mismo periodo de tiempo (2020 a 2022) y 201 millones de personas (32,1% de la población total) vive en la pobreza, de los cuales 82 millones (13,1%) se encuentran
en situación de pobreza extrema.
A finales de 2022, la inseguridad alimentaria pasó a impactar a cuatro de cada diez personas (40%) en la región.
Durante este último año, las presiones inflacionarias han alcanzado los niveles más altos en varias décadas y, sin duda, serán un punto de tensión adicional para poder combatir la inseguridad alimentaria y el hambre. Aunque al finalizar 2022, la inflación parece haberse contenido en torno al 9,5%, por debajo del pico del 15,5% que se alcanzó a lo largo del año, es todavía un 30% más alta que la de 2020. Los expertos apuntan que se mantendrá elevada en el futuro inmediato, y muestran una mayor preocupación por cómo esto seguirá afectando al precio de los alimentos básicos y de la energía. De hecho, la subida
de precios de los alimentos y la energía son responsables de un 30% del crecimiento de la
inflación, según los análisis del FMI más recientes.
A este escenario de crisis se suma el endurecimiento de las políticas monetarias mundiales, como en efecto cascada de la subida de tasas de interés en los Estados Unidos y en Europa. El financiamiento público es, por tanto, cada vez más escaso y caro, resultando también en un mayor peso del servicio de la deuda.
Las decisiones externas —e internas para los países que tienen mayor proporción de deuda interna que externa— ponen por tanto a prueba las finanzas públicas del conjunto de la región. Entre los países
de la región más vulnerables al impacto de la deuda están Argentina (75% deuda/PIB),
Ecuador (62%) y El Salvador (82%).
Esta combinación de bajo crecimiento, alta inflación, presión de la deuda pública y una insuficiente recaudación fiscal son una auténtica bomba de tiempo para América Latina y el Caribe. Si nada cambia, el espacio fiscal se irá cerrando para la mayor parte de los países de la región, limitando así su capacidad de inversión en políticas sociales que son de vital importancia como mecanismo de contención frente a la crisis.
Así, México destinó ya en 2021 la misma proporción del presupuesto de la nación a inversión en salud que al servicio de la deuda, y en Brasil esta relación ha sido incluso tres veces mayor.
En una región con cerca de un 50% de la población en la informalidad -que afecta principalmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y que son la mayoría de la población, como mujeres, jóvenes, pueblos originarios, afro y colectivo LGTBIQ+- y sin redes suficientes de protección social, una crisis persistente como esta puede ser la antesala de un movimiento de descontento social muy profundo.
Los sistemas tributarios de la región son un reflejo de la limitada acción política para abordar la lucha contra la desigualdad extrema. Entre 2007 y 2019, la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe apenas creció en un 7%, y ha sido a costa de que el esfuerzo fiscal recaiga esencialmente sobre las y los trabajadores a través del impuesto sobre la renta personal, las contribuciones a la seguridad social o el consumo.
Este aumento de recaudación regional ha sido por un incremento de 11% en la contribución de impuestos al consumo y al trabajo, incluyendo las contribuciones a la seguridad social. En cambio, la recaudación por rentas corporativas y riqueza han caído en 5% durante el mismo período. Así, el diseño tributario en América Latina amplia desigualdades, al tributar proporcionalmente menos quienes más tienen.
La tributación a los más ricos es, por tanto, un reto político y económico en América Latina y el Caribe. A lo largo de las últimas décadas, hemos asistido a un auténtico descalabro de las tasas marginales a los más ricos en la renta personal y en los tipos nominales de las rentas empresariales. Poco a poco, América Latina y el Caribe se ha ido convirtiendo en la región con el tipo marginal sobre la renta personal a los más ricos más bajo del planeta.
América Latina y el Caribe debe aspirar a dejar de ser la región más desigual del planeta y poner en marcha un plan de acción. Desde las políticas económicas, especialmente las políticas fiscales, hay mecanismos para hacerlo. Los gobiernos deben utilizar los instrumentos fiscales —como la tributación y el gasto público— a su disposición para revertir el aumento de las desigualdades, garantizando a su vez que los ingresos recaudados con mayor progresividad se enfoquen en un incremento sustancial del gasto
público social y ambiental, en sectores como la salud pública, la educación pública, la seguridad alimentaria y nutricional y los sistemas públicos de cuidados, así como a financiar transiciones justas.
Oxfam propone una batería de medidas a la disposición de los Gobiernos, encaminadas a gravar la riqueza extrema para reducir las desigualdades y avanzar hacia un mundo que sostenga la vida, donde los derechos de las personas y de la naturaleza sean garantizados.
Del informe “La ley del más rico” elaborado por Oxfam
