A lo largo de esta pandemia interminable, durante la cual muchísimos trabajadores sufrieron recortes en sus ingresos -en el mejor de los casos-, uno de los sectores más golpeados es el de los inquilinos. El gobierno que supuestamente defiende a los más débiles, vuelve a alargar la incertidumbre de millones de personas que alquilan.

Nadie en el gobierno nacional, ni de la Ciudad, debe alquilar. Tampoco en la Legislatura, y en la Defensoría del Pueblo. Es obvio. De lo contrario, trabajarían con empeño, eficiencia, rapidez. Se ocuparían del asunto.

Pero nada. Ya pasó en Septiembre pasado, cuando anunciaron la prórroga del decreto 320/2020 a pocos días del vencimiento del plazo.

Se sabe que el tiempo es oro, entonces ese retardo fue utilizado por brokers inmobiliarios para impulsar no renovaciones masivas en los contratos de alquiler.

El resultado para los inquilinos fue dramático: los alquileres subieron 50% en promedio, por el viejo truco de la «oferta y demanda» (provocaron la demanda y retacearon la oferta).

Así, los precios de las viviendas en alquiler parecen no tener techo.

Un departamento de 2 ambientes en Villa Luro, que a principios de 2020 costaba alrededor de $ 12.000, en Enero 2021 ronda los $ 25.000, según un estudio del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz). Es decir, más del 100% en un año, casi triplicando la inflación del año pasado.

La problemática de millones de personas pasa inadvertida para los grandes medios, e incluso, para aquellos periodistas que se autoproclaman «progresistas».

En la Ciudad hay una Defensoría del Inquilino, que está a cargo de Fernando Muñoz.

Pero Muñoz no tiene mucho que decir al respecto. Su última publicación en Twitter data del 15 de Septiembre de 2020.

En Facebook se animó a más: difunde su libro «La desigualdad bajo techo», que está a la venta en Mercado Libre. Esa publicación data del 1° de Enero de 2021.

La vía de contacto con la Defensoría de los Inquilinos es a través del whatsapp 11-2392-1644

A nivel Nación, Jorge Ferraresi, Ministro de Vivienda, declaró ayer en Santa Fe que «la vivienda es un derecho, y que iremos plasmando a través de la articulación clave de los tres niveles de gobierno, nacionales, provinciales y municipales. El gobierno nacional invertirá 870 mil millones en tres años, que nos permitirá generar 269 mil soluciones habitacionales«.

Mientras se espera por la solución de fondo… ¿y los inquilinos, Ferraresi?

En Noviembre de 2020, el ministro de la Nación se reunió con Gervasio Muñoz -hijo del defensor Fernando- y referente de Inquilinos Agrupados (juntos en la foto que ilustra esta nota).

Ya entonces, Muñoz le había planteado al ministro que «la extensión del decreto y el cumplimiento de la ley de alquileres son los puntos más urgentes, pero también es fundamental empezar a trabajar en medidas de fondo».

Nada de eso se anunció todavía, a 12 días del vencimiento del decreto.

No hay ninguna declaración oficial del ministro de Vivienda.

¿Pasará lo mismo con la inversión anunciada ayer, para las soluciones habitacionales? ¿Palabras que, poco tiempo después, se las lleva el viento?

Claudio Serrentino

Foto: dixitp.com.ar