Se presentó en la Legislatura el proyecto de ley para instaurar los Presupuestos Participativos Comunales.
Este proyecto, presentado por el legislador Javier Andrade, determina un procedimiento con pasos y tiempos definidos para garantizar la elaboración de los Presupuestos Participativos Comunales, reconociéndoles a los Consejos Consultivos Comunales su rol político-constitucional.
Es una ley que le permite a lxs ciudadanxs, organizadxs en los Consejos Consultivos, decidir qué obras y servicios necesitan en sus barrios, con su posterior control, fiscalización y seguimiento definido en las Comunas, para que sus propuestas formen parte del anteproyecto de presupuesto que cada Junta Comunal envía al Poder Ejecutivo.
Resulta imprescindible fomentar y garantizar la participación ciudadana, poniendo a disposición pública la información de manera sencilla y comprensible para que lxs ciudadanxs tengan un instrumento de gestión política y puedan definir conjuntamente cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos de cada ejercicio.
Actualmente la Ley de Comunas da las pautas generales sobre cómo se tiene que participar el presupuesto, pero es sabido que la Ley 1.777 no se cumple en su integralidad.
En la concepción política del oficialismo porteño, las Comunas responden a una lógica de desconcentración, no de descentralización, y se transformaron en dependencias administrativas que no disponen de autonomía presupuestaria ni de las competencias que les reconoce la Ley.
La idea del presupuesto participativo no es una novedad de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco de la Argentina. Ciudades como Porto Alegre han servido como parámetros o emblemas del mismo, así como de la descentralización política, aunque para los equivalentes de lo que acá serían los presupuestos comunales se destinan por ley muchos más recursos: 25% en Porto Alegre, 15% en Barcelona, 4% en Ciudad de México, mientras en nuestra Ciudad, que tiene un presupuesto europeo, es del 1, 29%. Para ejemplificar con números, CABA cuenta con un presupuesto de más de 2 billones de pesos y destina a los 15 gobiernos comunales apenas 27 mil millones, monto menor al presupuesto anual de la Legislatura.
Con el modelo actual, en la Ciudad avanzan las obras inconsultas y se asignan recursos a obras que no se condicen con las necesidades de lxs vecinxs y que muchas veces generan problemas que no existían, lo que lleva a una permanente judicialización, debido a los amparos que presentan las organizaciones vecinales para defender sus derechos, agraviados por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. De aprobarse esta ley, podrían evitarse todas estas instancias y mejorarse la gestión pública, dándole mayor trascendencia a las decisiones de lxs ciudadanxs comprometidxs con sus barrios y a las Juntas Comunales elegidas por voto popular.
Esta ley es una herramienta necesaria para poder hacer un uso equitativo, transparente, democrático y eficiente de los recursos públicos que las Comunas deben administrar y garantizar así el cumplimiento de la Ley 1.777 en nuestra Ciudad.
Fuente y foto: Prensa Legislador Javier Andrade
