El Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2025 presenta un estimado de gastos de $13,9 billones de pesos y un total de recursos similar que le permite mostrar un presupuesto equilibrado y hasta contar con un pequeño superávit financiero.
Este presupuesto público, como cualquier otro, está definido por un conjunto de prioridades políticas que el Ejecutivo le asigna un crédito público y de acuerdo a la magnitud de cada partida se puede entender el ordenamiento del gasto y la importancia de cada erogación.
Se destaca el nuevamente el incumplimiento de la Ley 6170 del 2019 que incorpora la perspectiva de género mediante la visibilización y análisis de las partidas presupuestarias con dicha mirada. Según el artículo 5to de la Ley, el Poder Ejecutivo debe establecer un etiquetado a nivel de programa, proyecto y actividad en la medida que incluya acciones dirigidas a las mujeres y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual. No obstante, dicho mandato no es cumplido aún.
A su vez, el gasto tiene su contracara en las fuentes de financiamiento, es decir en los recursos con los que cuenta la ciudad: primeramente por la recaudación tributaria, y luego por ingresos no tributarios y endeudamiento.
Por un lado, el gasto por función muestra que los fondos de la Ciudad se reparten 20,1% para Educación, 16,5% para Salud, otro 16,5% para Seguridad y 9,2% para Promoción y Acción Social. Entre estas cuatro funciones, que son las más significativas de esta administración, suman el 62,3% del total del gasto de la Ciudad. Es decir, 6 de cada 10 pesos se destinan a estas competencias. La participación del gasto por función tuvo ciertas oscilaciones a diferencia de los dos años anteriores que se habían mantenido estables.
Por su parte, Educación tiene una participación similar al cierre de 2024 (2025: 20,1 % vs. 2024: 20,0%) aunque retrocede levemente en relación al sancionado de 2024 que se ubicaba en 20,24%. Salud se sostiene, como en los últimos tres años, en el orden de un sancionado de 16,5% aunque disminuye en relación al cierre de 2024 que se estima en 17,6%.
Asimismo, en otro tipo de clasificación del gasto, se observa que se destinarán $11,2 billones (80,7 %) a gastos corrientes y $2,7 billones (19,3%) a gastos de capital. En este aspecto también se observa una diferencia respecto de la gestión de Larreta. Mientras que de 2022 a 2024 el gasto de capital sancionado rondaba los 14/15 puntos porcentuales, en el proyecto de 2025 sube considerablemente a una participación más en línea con el recorrido histórico en inversiones en obra pública y equipamiento.
Las dos principales funciones que reciben mayores fondos por este concepto son Transporte (20%) y Seguridad (17%). Más en detalle y según describe el mensaje del proyecto de ley, el mayor porcentaje de la inversión real directa programada para 2025 corresponde a Obras en Subterráneo, el Centro Penitenciario de Marcos Paz, la Alcaidía Central de 27 de Febrero, el Plan Integral de Movilidad, la Readecuación Vial y Puesta en Valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Plan Hidráulico, así como también el equipamiento escolar, de salud y en seguridad.
En relación al gasto por jurisdicción, se observa que se redujo considerablemente el crédito que se destinaba a Obligaciones a Cargo del tesoro (principalmente gasto en remuneraciones y equipamiento), lo cual es auspicioso, ya que en períodos anteriores esta jurisdicción representaba el 10 % del gasto, pero no se sabía con certeza a qué programas se destinaban esos fondos. En el presupuesto 2025, Obligaciones ocupa el 2,2 % y como contraparte subieron otras carteras en su participación. Por ejemplo, los ministerios de Salud y Educación subieron dos puntos porcentuales cada uno. Del mismo modo, Infraestructura (1,9%) y Espacio público (1,8%) incrementaron su participación sobre el total del gasto de la Ciudad. Es decir, los fondos que antes se afectaban a Obligaciones y luego eran distribuidos por jurisdicción, ahora se afectan directamente a cada ministerio.[1]
En sentido contrario, hay ministerios que perdieron peso dentro del reparto de fondos. El que más cae es Desarrollo humano y hábitat (aunque es mínimo pierde 0,6%). El hecho preocupante es que representa el 5,7% del total del gasto, siendo el valor más bajo de los últimos 6 años. Otro ministerio que pierde en la distribución del gasto es Desarrollo económico (-0,2 %). Desde su creación en 2020, este período es el de menor peso (0,4%). Finalmente, para 2025 se reducen la participación de los servicios de deuda. Para este año va a representar el 0,9% del gasto y es el punto más bajo de la última década. En este aspecto, debería contemplarse que el 98% de la deuda pública porteña es en dólares y a su vez que el tipo de cambio se viene apreciando mes a mes. En este escenario, se van a destinar en términos relativos menos pesos por servicios de deuda, aunque si se llegara a sufrir una devaluación del tipo de cambio durante el año, el porcentaje de esta erogación podría incrementarse abruptamente debido a la composición de la deuda en moneda extranjera.
Esto redefine la estructura de ingresos por completo, ya que reduce el peso de los ingresos propios de la CABA y le permite al Gobierno de la Ciudad incrementar de manera significativa el gasto. Si se realiza un análisis rápido, esto se puede percibir en el incremento del crédito en Seguridad y en Gastos de capital.
Por otra parte, se presenta un cambio de metodología en el Impuesto inmobiliario y de patentes que va a promover una mayor recaudación de estos tributos.
Respecto del impuesto Inmobiliario-ABL, se incrementan las escalas. Pasa de siete a diez categorías. De esta manera logra darle mayor progresividad al impuesto, ya que los contribuyentes de mayor patrimonio aportan más y la incorporación de escalas en el último tramo logra mayor justicia fiscal.
Por otra parte, se incorporan topes porcentuales al cálculo del tributo anual de 2025 respecto de lo determinado para el último mes del ejercicio fiscal anterior anualizado por zona geográfica. Van a existir tres zonas donde la cuota mensual no deberá superar los siguientes porcentajes:
- Zona I Sur: 25%
- Zona II Centro: 50%
- Zona III: 100%
Respecto de patentes, este impuesto también sumo más escalas para la determinación de la cuota a liquidar de acuerdo a los valores de los rodados. Se pasó de cinco a 7 escalas en la primera categoría.
En este caso, se utilizan los valores de los vehículos a fecha octubre de 2024. De esta manera, el monto imponible se actualiza año a año en relación con el precio de mercado y cercanos a la variación anual de la inflación (en este caso de octubre 2023 a octubre 2024). Por esto mismo, la recaudación de este impuesto es de las de mayor crecimiento. Se incrementa 265%, cuando el impuesto inmobiliario aumenta a razón del 120% (aquí se entiende que los topes geográficos amortiguan el alza).
Ahora bien, si bien resulta correcto darle mayor progresividad al impuesto, se observa la misma modificación que resulta perjudicial para el caso del inmobiliario. La primera escala tiene una alícuota de 1,60% al igual que en 2024, pero luego en la segunda escala salta al 4%, cuando hasta ahora la tasa subsiguiente era de 3,20%.
Asimismo, al igual que hoy sucede con las escalas del Inmobiliario, cada escala de patentes va a tener una cuota fija y a eso se le añadirá el producto de la diferencia entre el rango mínimo y la valuación fiscal del vehículo por la alícuota de cada categoría. En la actualidad, solo se aplica la alícuota sobre la valuación del vehículo.
Para cerrar, se pueden esbozar algunas líneas de acción que persigue el gobierno de Jorge Macri. Por un lado, la política de orden en el espacio público se ve reflejada en el presupuesto de la función seguridad, que ocupa el lugar de participación más alto de los últimos años. Como contracara de esto, se presenta una política desdibujada en materia de desarrollo económico. No se pretende incidir en un contexto productivo deprimido, y tampoco tiene políticas definidas para el futuro. A modo de ejemplo, en 2024 el programa de Ciencia y Tecnología representaba el 0,02% del total del presupuesto y para 2025 este programa directamente no existe. Del mismo modo, la política en desarrollo social viene en retroceso cuando justamente la situación social es crítica y el gobierno nacional se encuentra en retirada. Por lo tanto el gobierno local atraviesa una situación social y económica que requiere mayor dinamismo e intervención, más aún cuando no tiene un gobierno nacional donde recostarse.
Por el lado de los ingresos, la actualización de la alícuota de la coparticipación a 2,95% le va a dar un respiro en materia de ingresos y va a estar más holgado junto a la reforma que va a implementar de los impuestos patrimoniales. Esas dos vías, van a permitir suplir y superar la caída de recaudación en Ingresos Brutos producto de la caída en la imposición del impuesto sobre las Leliqs y sobre todo por la baja en el consumo.
Emilio Domínguez – Instituto Ciudad
