Cuando ocurren sucesos que conmueven al país, o ante ciertas crisis informativas, la confusión sobre cómo ocurrió un hecho no solamente puede originarse en las redes sociales o en los medios de comunicación, sino que también en ocasiones puede surgir de las propias fuentes oficiales que con sus declaraciones se anticipan y generan confusión sobre los hechos.
Ocurrió durante y luego de la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso que tuvo lugar este miércoles 12 de marzo. También ocurrió en el pasado con otros casos, como el crimen de Morena Domínguez, en Lanús, en agosto de 2023 (con el funcionario Diego Kravetz); o el asesinato del colectivero Daniel Barrientos, en La Matanza, en abril de ese mismo año (con el ex ministro Sergio Berni).
¿Cómo las fuentes oficiales generaron confusión en estos casos y de qué manera puede afectar esto a la ciudadanía?
El caso del fotoperiodista Pablo Grillo
El fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, fue herido durante la manifestación de los jubilados del miércoles último: mientras estaba en cuclillas tomando fotografías, un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por un efectivo de la fuerza policial impactó en su cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo. El momento del disparo se puede ver en diversos videos que circulan en redes sociales.
Consultada sobre el caso luego de finalizada la protesta, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió a Grillo en La Nación+, el miércoles por la noche, y dijo: “Uno de los que está preso, que dicen que es un periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez. Se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez”.
Pero Grillo no fue detenido luego de la manifestación, sino que fue inmediatamente trasladado al Hospital Ramos Mejía, en la Ciudad de Buenos Aires, en donde fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir un grave traumatismo de cráneo, según explicó el padre del fotoperiodista, Fabián Grillo, y confirma el parte médico.
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, desmintió a la funcionaria nacional y dijo que “no es cierto que Grillo sea actualmente trabajador municipal”. Fabián Grillo aseguró en el canal de streaming Gelatina que su hijo “no es funcionario de la Municipalidad de Lanús, no fue candidato en Lanús, él trabaja en el hospital Evita”.
Grillo tuvo, en 2020, un cargo administrativo en la municipalidad de Lanús y en 2022 fue designado en el Hospital Interzonal “Evita” de Lanús como “Personal de Planta Temporaria Transitorio Mensualizado”.
Un video falso sobre supuestos barras de Racing en la marcha
También comenzó a circular un video donde se ven varios micros escolares con hinchas de Racing Club. El video fue compartido en X por Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, quién escribió: “Esto no fue una ´protesta social´, fue un desembarco de violentos organizados por mafiosos que defienden sus negocios. Las ´barras bravas´ son asociaciones ilícitas”.
Sin embargo, el video no es actual, sino que fue publicado por la cuenta de TikTok @racinghinchada el 2 de noviembre de 2022, en la previa de un partido entre Tigre y Racing.
Además, a diferencia de lo que sostiene Soto, no hay evidencia hasta el momento de que barras bravas de Racing hayan ido a la marcha de jubilados.
Información imprecisa sobre las detenciones
El Ministerio de Seguridad informó que en total fueron detenidas 124 personas en la manifestación en el Congreso. Según el comunicado oficial, 25 manifestantes fueron detenidos por la Policía Federal y 99, por la Policía de la Ciudad.
En la Justicia porteña se inició un expediente respecto de 114 de esos detenidos. Intervino la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15, quien en la mañana del jueves 13 de marzo ordenó la inmediata liberación de todos los detenidos.
La magistrada señaló que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa” para la tarea judicial, ya que “se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar” de detención, el delito atribuido, el lugar de alojamiento, entre otros. Esto impedía, según la jueza, “realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención”.
Andrade responsabilizó de estas irregularidades a las fuerzas de seguridad y ordenó la liberación de los 114 detenidos, “sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo”.
El fallo fue criticado por distintos referentes del Gobierno nacional, como el vocero Manuel Adorni, y los ministros de Justicia y de Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente. El titular de la cartera de Justicia señaló, además, que la actuación de la jueza será analizada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad “por posible incumplimiento de sus funciones”.
En conferencia de prensa, Bullrich informó: “Tenemos detenidos con armas de fuego”. Sin embargo, la jueza Andrade había señalado, en base a la información suministrada al momento de la detención y las imputaciones provenientes de la fiscalía, que “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.
Por su parte, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmó que más de la mitad de los detenidos tienen antecedentes penales. Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad de la Ciudad para conocer más información sobre esta afirmación, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
También fue consultado el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero hasta el momento no se obtuvieron mayores precisiones.
Cómo pueden generar confusión las fuentes oficiales sobre ciertos sucesos
“Cuando una fuente oficial miente acerca de los hechos, la ciudadanía es afectada por varias razones”, señaló a Chequeado Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (España) e investigador independiente del Conicet.
Y enumeró: “En primer lugar, porque la fuente oficial la priva de su derecho al acceso a la información y, en segundo lugar, porque tergiversa el debate público dificultando el proceso de esclarecimiento de los hechos y de la realización de los actos de justicia, imprescindibles para que la sociedad confíe en que crímenes como este sean debidamente juzgados”.
Por su parte, Eugenia Mitchelstein, docente e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés (UDESA), señaló, en diálogo con este medio que estos hechos erosionan aún más la confianza en funcionarios públicos por difundir información errónea y en los medios por repetirla de manera acrítica.
