A cinco años del incendio del depósito de Iron Mountain en Barracas, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia.
Es rara la justicia argentina: mientras algunos procesados por sospecha de robo están presos, otros que están procesados por sospecha de asesinato a causa de la corrupción, están libres.
Indudablemente, la vara no es pareja. Y la incertidumbre de la sociedad crece ante cada causa que toma estado público.
Hoy, está en boga la cuestión de los extranjeros que delinquen. Pero poco y nada se dice de los empresarios que matan…
Hace un año, el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18, Pablo Ormaechea, procesó sin prisión preventiva a cinco directivos de Iron Mountain por “incendio culposo seguido de muerte” y los embargó por una suma entre $ 7.000.000 y los $ 20.000.000. También hay procesados doce ex funcionarios del gobierno porteño.
Al mismo tiempo, como algunos familiares de las víctimas cobraron indemnización, el juez decidió que ningún familiar podía formar parte de la querella. Una medida desopilante: ¿qué tiene que ver la supuesta reparación económica, con el imprescindible derecho a reclamar justicia, ante semejante hecho luctuoso?
Así de extraña, hirientemente extraña, es la justicia argentina.
El incendio del depósito de Iron Mountain no fue producto de un acto involuntario, según afirma Jorge Campos, papá de Sebastián, uno de los bomberos muertos tratando de apagar el fuego: “esto no fue una tragedia, fueron asesinatos producto de la corrupción, que nos hizo perder diez servidores por papeles que ellos quisieron quemar”.
Y esto quedó registrado en el expediente judicial: “los familiares supimos a la semana que el incendio había sido intencional. Ellos -la empresa- lo reconocieron un año después”, cuenta Jorge.
A las 9.15 de aquel dramático 5 de Febrero de 2014, en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín, mientras los servidores públicos luchaban contra las llamas, se cayó una pared que mató a ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil.
Cuando ocurrió el incendio de Iron Mountain, las grandes corporaciones de medios se dedicaron a “blindar” al gobierno de Mauricio Macri, por entonces potencial candidato presidencial, y lo eximió rápidamente de culpa y cargo. De hecho, los procesados son terceras y cuartas líneas de su gobierno.
El mismo “blindaje” mediático se aplicó en 2016 con la Time Warp, fiesta electrónica realizada en el predio municipal de Costa Salguero, y en la que murieron cinco jóvenes.
Los familiares de los muertos en el depósito de Iron Mountain aseguran que “en estos cinco años recibimos amenazas, propuestas y aprietes de todo tipo“.
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Decir que da vergüenza ajena, es hacerle precio a semejante caradurez.
Claudio Serrentino
Foto: Télam
