Un informe del CEPA asegura que durante 2024 se deterioró el poder adquisitivo de jubilados y pensionados, ya que el superavit fiscal se obtuvo gracias al recorte de sus haberes. En 2025, el panorama empeorará.
La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, ha constado de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria, su consolidación a través del DNU 274/2024 y la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas.
El gobierno sostuvo el superávit fiscal a costa de las jubilaciones. En el período enero-septiembre de 2024, el 25,3% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
Milei modificó la fórmula previsional por DNU 274/24, atando los haberes a la inflación. Así, derogó la Ley 27.609 vigente desde 2021. Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido en el primer trimestre, a esta altura podemos concluir que la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras.
Tanto en septiembre como en diciembre, los aumentos por la fórmula anterior hubieran sido superiores a los efectivamente otorgados. En diciembre 2024, con la fórmula de Milei, la jubilación mínima (sin bono) se ubicará en $259.599, mientras que de haber continuado la fórmula anterior se ubicaría en $314.303 (21,1% por encima).
Paralelamente, desde marzo, el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, es decir, $65.140 más de lo actual.
En concreto, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder de compra de las jubilaciones que no perciben bono se ubica 4% por debajo del mismo período del año anterior, mientras que las jubilaciones con bono se encuentran 13,1% abajo.
Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar. Por el contrario, la Ley 27.756 sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo incluía: una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto, y una cláusula gatillo una vez al año (en marzo) si hubiere recuperación real de los salarios en el año calendario anterior.
En el proyecto de Presupuesto 2025, se contempla la ratificación de la fórmula por IPC y mantener congelado el bono para la mínima en $70.000 durante todo el año. Esto implicará, a diciembre de 2025, negarle a los jubilados $102.793 adicionales. Ello siempre y cuando se cumplan las previsiones del gobierno: si ocurriese algún acontecimiento que ponga en riesgo el equilibrio financiero, el bono podría recortarse en el marco de la regla fiscal que propone el ejecutivo.
Asimismo, se prevé que la fórmula de movilidad deje de aplicar a las asignaciones familiares. En cuanto a la moratoria previsional, el gobierno confirmó que no se prorrogará por lo cual vencerá en marzo de 2025. Esto implica que 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones en edad de jubilarse, deberán conformarse con una PUAM, equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.
Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
