El Gobierno derogó la norma que regulaba los aranceles de los colegios privados y desde ahora, las instituciones no tendrán que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación, ni contar con el aval del Estado.
La desregulación del régimen de control sobre los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los recargos ante el atraso en el cumplimiento.
El gobierno rgumenta que la desregulación del valor de las cuotas y las matrículas resultará beneficiosa para las familias. “Los institutos suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”, dice el decreto. “En consecuencia, este mecanismo de fijación de precios perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo“.
Los requerimientos fijados debían efectuarse antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido hasta el 15 de noviembre.
El decreto derogado establecía que las instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores vigentes.
Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó en el texto oficial que “la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”.
