El juez Francisco Ferrer suspendió la aplicación de la ley 5.728, que establece el estacionamiento medido en el 40% de las cuadras de la Ciudad de Buenos Aires. Fue a raíz de un recurso de amparo presentado por la Proto Comuna Caballito y el partido Bien Común. También le pide a los legisladores que convoquen a audiencia pública.
La ley había sido aprobada en el recinto el 1º de Diciembre pasado, con el voto de 33 legisladores.
Dispone el levantamiento de los parquímetros y la incorporación de vastas zonas de la Ciudad de Buenos Aires al sistema de “estacionamiento medido”; por supuesto, también crea nuevas playas de acarreo para depositar allí los coches de los infractores.
Ahora bien: según el juez interviniente, los primeros en infringir la ley, fueron los diputados que la aprobaron. Por varios motivos:
- No se aprobó con el apoyo de los dos tercios de la Cámara (40 diputados), ya que se dispone el destino de terrenos del Estado.
- No se respetó el procedimiento de doble lectura, que incluye la participación ciudadana a través de una audiencia pública.
Ante estas irregularidades, la Proto Comuna Caballito y el Partido Bien Común (que encabeza Gustavo Vera) presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.
El juez resolvió dar lugar a la medida cautelar. En su fallo, ordena que se cumpla con lo que establece la Constitución de la Ciudad: que se cumpla con el procedimiento de doble lectura, o sea: deberá realizarse una audiencia pública donde los vecinos podrán emitir su opinión.
El 1º de Diciembre del año pasado, habían votado a favor de la ley de estacionamiento medido los siguientes legisladores: Abboud, Acevedo, Arenaza, Bauab, Calciano, Calderón, de las Casas, del Sol, Estebarena, Ferraro, Forchieri, García de Aurteneche, García, Gottero, Heredia, Muiños, Niño, Oliveto Lago, Palmeyro, Penayo, Persini, Petrini, Polledo, Presti, Quattromano, Quintana, Raposo Varela, Roldán Méndez, Rueda, Sahonero, Santamarina, Villalba y Yuan.
Se habían pronunciado en contra: Andrade, Arce, Camps, Conde, Cortina, del Corro, Depierro, Fidel, García de García Vilas, Gentilini, Gorbea, Guouman, Nosiglia, Penacca, Pokoik, Rossi, Tiesso, Tomada, Vera, Vilardo y Vischi.
En aquella sesión, el diputado Vera había señalado una de las irregularidades: las playas de acarreo se instalarían en terrenos que son del Estado porteño.
“Señora presidenta: Más allá de lo que dijo el diputado del bloque oficialista, que tiene gran conocimiento jurídico, entiendo que la disposición de playas de acarreo, de acuerdo a lo que establece el Artículo 89, incisos 4) y 5) y el Artículo 82, incisos 4) y 5) de la Constitución, se trata de la disposición de tierras públicas”, había dicho entonces el legislador de Bien Común.
Claudio Serrentino
Foto: diario “La Razón”
