Más de 60 organizaciones le piden al jefe de gobierno que informe sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria.
Más de 60 organizaciones sociales, políticas y sindicales, legisladores nacionales y de la ciudad de Buenos Aires presentaron una nota al jefe de Gobierno porteño para informar sobre distintas situaciones de gravedad que afectan a la población inquilina en el contexto de la emergencia sanitaria.
Desde la publicación del decreto 320/20. hay amenazas de desalojo y desalojos efectivos en hoteles familiares, pensiones, residencias y habitaciones alquiladas en viviendas familiares.
También se dieron casos de intimación abierta para que las personas abandonen el lugar, como el corte de servicios básicos a las habitaciones.
En algunos lugares se reubicó a personas en contra de su voluntad en habitaciones de hotel, lo que generó hacinamiento y el aumento del riesgo para la salud individual y colectiva.
Estas condiciones, además, incrementan la vulnerabilidad de mujeres y niñes ante situaciones de violencia machista.
La mayoría de estos establecimientos tiene condiciones sanitarias deficitarias, que hacen incumplibles las indicaciones de higiene y prevención necesarias en el contexto de pandemia.
Además, la negativa de propietaries e inmobiliarias a cobrar a través del sistema bancario, para evadir el pago de tributos, expone a les inquilines a incumplir el aislamiento obligatorio.
Fuente y foto: Observatorio del Derecho a la Ciudad
