Se conformó un comité de crisis en la justicia porteña, para ocuparse de la situación de las personas privadas de su libertad.
Las reuniones que se realizaron periódicamente desde el 27 de abril pasado, buscan dar respuesta a la situación de complejidad que generó la pandemia entre la población privada de su libertad producto de resoluciones emanadas del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
En las mismas, participó en las cinco jornadas, el presidente de la Cámara de Apelaciones del fuero, Sergio Delgado; y en distintas ocaciones, contó con la presencia vía teleconferencia, de los flamantes consejeros, Julia Correa y Gonzalo Rúa; así como también de las juezas de primera instancia, Carla Cavaliere, Alejandra Doti, Luisa María Escrich, Cristina Lara, María Araceli Martinez, María Laura Martinez Vega, Natalia Molina y Susana Parada; y sus colegas, Carlos Aostri, Rodolfo Ariza Clerici, Marcelo Bartumeu Romero y Juan José Cavallari.
Las reuniones transitaron principalmente el intercambio de experiencias e información en torno a la situación actual en el sistema carcelario, tras el conflicto suscitado en el Complejo Penitenciario de esta ciudad, por los protocolos para la prevención de contagios.
Delgado propuso que se realicen tratativas con el Servicio Penitenciario Federal para que se reabran las alcaidías federales que están cerradas actualmente, como la exUnidad 22, ubicada frente al Teatro Colón. Refirió además que las obras para la puesta en funcionamiento de la alcaidía sita en la calle Suipacha se encuentran avanzadas, y que «cuentan con una capacidad de 40 plazas».
Manifestó su preocupación por la situación de las mismas y dijo que «además de superar su capacidad operativa se agregan los casos de contagio de COVID-19». Informó también que hizo llegar a través del titular de la Cámara Federal, a los jueces de instrucción «copia de la recomendación n.° 1 del Mecanismo de Prevención de la Tortura Local, acerca del respeto al uso provisorio de dichos lugares de alojamiento y el traslado a los establecimientos penitenciarios».
Expuso la necesidad de la adquisición de las pulseras electrónicas; y sobre las características propias a este período de aislamiento obligatorio, subrayó que «avanza calladamente la reducción en la cantidad de delitos«.
Rua, a su turno, ratificó la necesidad de contar con una alcaidía que «sea exclusiva para detenidos de la justicia de la Ciudad, siendo ideal -si reúne las condiciones- que sea la referida en calle Suipacha, por la cantidad de plazas». En diálogo telefónico con iJudicial, el consejero aseguró que «la actual situación de pandemia provocada por el COVID-19, y la saturación de los cupos de alojamiento en las alcaidías de la Ciudad evidencia la exigencia de contar con un Centro de detención exclusivo para los detenidos bajo disposición de los y las magistradas del Poder Judicial de la Ciudad».
Y agregó que «el Centro de Detención de Contraventores o la alcaidia a inagurar en el edifico del Poder Judicial de la calle Suipacha pueden constituirse en una solución plausible en estos tiempos». «El contexto actual nos marca la necesidad de avanzar con un rumbo bien marcado en políticos penitenciaria», completó.
En las cinco reuniones celebradas, participaron integrantes del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal; de la Defensoría del Pueblo de Ciudad de Buenos Aires; del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura; de la Procuración Penitenciaria de la Nación; y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente y foto: Ijudicial
