En su momento, los posteos del jefe de Gobierno, Jorge Macri sobre el “Operativo Especial Orden y Limpieza”, generaron polémica. En esas publicaciones se podía observar el desalojo a personas en situación de calle. En la Legislatura porteña avanza un pedido de informes sobre esta cuestión.
La comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de la Legislatura se reunió el 30 de mayo. Los bloques del Frente de Izquierda (FIT) y Unión por la Patria (UxP) concretaron la unificación de las diferentes presentaciones realizadas en este sentido para ser tratadas en el recinto.
“Este pedido de informes es una forma de darle visibilidad al tema. Estamos convencidos de que este protocolo para las personas en situación de calle fue solamente un recurso para echar a la gente en función de `limpiar´ el espacio público”, explicó el legislador porteño Gabriel Solano en diálogo con Noticias Argentinas.
El referente del FIT afirmó que el pedido de disculpas posterior del jefe de Gobierno de la Cuidad intenta ocultar que el propósito de la medida era únicamente retirar a las personas de las calles porteñas.
La iniciativa opositora busca conocer qué dependencias del Ejecutivo porteño actuaron en el operativo y si las personas que fueron desalojadas recibieron alguna solución habitacional o subsidio en el marco del decreto 690.
Los legisladores también quieren saber si en los operativos se detectó la presencia de menores de edad; si se implementó el protocolo “Cero niños en la calle” y el “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.
El referente de la izquierda porteña aseguró, a su vez, que durante la jornada presentó un proyecto para anular el protocolo que lleva adelante el jefe de Gobierno.
“Es completamente negativo, porque busca estigmatizar a la gente en situación de calle presentándolas como personas con problemas de salud mental; o la versión que dan (Diego) Kravetz y (Waldo) Wolf, que lo abordan como un tema de Seguridad”, señaló.
En este sentido, Solano dijo que debe “anularse” el protocolo implementado por el Ejecutivo porteño y, además, aclaró que las problemáticas de salud mental tienen que abordarse desde otra perspectiva.
“El protocolo tiene que ser anulado. La salud mental no se puede abordar con medidas punitivas o represivas. Hay que establecer un sistema de asistencia para las personas que están en esa situación. Se quiere usar el tema para expulsar a la gente”, explicó.
Además de la solicitud del legislador del FIT, entre los pedidos de informe que fueron agrupados hoy para ser tratados en el recinto el próximo 12 de julio se encuentran otros en la misma línea como los de Alejandro Grillo (UxP), Victoria Freire (UxP) y Berenice Iañez (UxP).
Hay que aclarar que, una vez que sean debatidos y aprobados por el cuerpo de legisladores, el Gobierno de la Ciudad tiene 30 días para brindar información al respecto.
A su vez, es importante destacar que el último censo que llevó a cabo el Gobierno porteño en abril pasado arrojó que en la Ciudad 4.009 personas se encuentran en situación de calle. De este grupo social, 2.684 se alojaban en los paradores en el momento del relevamiento.
Si se comparan estas cifras con el último relevamiento, que fue en noviembre del 2023, la población sometida a esta problemática creció un 14 por ciento.
En tanto, de acuerdo a los números oficiales, el 60% tiene problemas de consumo o alguna forma de “trastorno mental severo“. También explicaron que se observó un incremento de la “violencia en las calles“, en línea con lo que sucede en otras ciudades del mundo.
Martín Beraza .- Noticias Argentinas
