Las oficinas estatales que deberían actuar en casos de violencia de género, están funcionando “solo para emergencias gravísimas y con mucha dificultad”, pese a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de reducir recursos” en esa cartera.
Clarisa Gambera, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, declaró al programa “Splendid Verano” que hay una cautelar de la Justicia que “está vigente” y que impide desmantelar más áreas y recursos.
Gambera dijo que, pese a la medida judicial, hoy “está funcionando solo la atención de la emergencia gravísima y con mucha dificultad”, ya que el presupuesto se está subejecutando a valores de mayo de 2024.
“Se está atendiendo con dificultades a quienes ya están padeciendo violencia, hablamos de la línea 144, porque (los mecanismos) de prevención se barrió todo. Y la línea 144 tiene mucho menos personal para todo el esquema de guardias que atiende las 24 horas”, afirmó.
El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, hizo lugar parcialmente a una cautelar presentada por diferentes organizaciones. El juez decretó que el Ejecutivo debe “abstenerse de reducir recursos humanos e infraestructura institucional de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)”.
La secretaria de ATE denunció que “han desmantelado casi el 42 por ciento de los recursos humanos que tenía el Ministerio para atender situaciones de violencia de género”, señaló y advirtió que esto entra en contradicción con “los compromisos con leyes internacionales sobre la atención a personas víctimas de violencia de género”.
