A un año del incendio que se llevó la vida de diez personas, un inspector del Gobierno de la Ciudad asegura que “el Gobierno de la Ciudad oculta información para proteger a la empresa”. Después de 12 meses, la Fiscal todavía no sabe qué fue lo que ocasionó el fuego, y Macri no respondió un pedido de informes a la Legislatura.
Hace un año, Buenos Aires y el país lloraban la muerte de diez personas: bomberos y personal de Defensa Civil perdían la vida al intentar apagar el incendio del gigantesco archivo, ubicado en Barracas, de la empresa “Iron Mountain”.
La empresa se dedica a “custodiar archivos” y a “tercerizar procesos de back office”, según asegura en su sitio web. El 5 de Febrero de 2014, a las ocho y media de la mañana, todos los archivos que almacenaba en su depósito de Barracas (Azara 1245) empezaron a incendiarse.
Debido al calor del fuego, una pared primero, y tres más después, se desplomaron sobre los bomberos que trabajaban en la extinción del incendio.
Como consecuencia de ello, perdieron la vida Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica (primera mujer bombero de la Policia Federal Argentina) y Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal; Leonardo Arturo Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos de la Polocía Federal; Sebastián Campo, de Vuelta de Rocha, José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico, y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires. Facundo Ambrosi, bombero voluntario de la Boca, fallecío luego de agonizar durante 12 días.
Tras la conmoción que causó el incendio, y las muertes que generó, todas las miradas se dirigieron a la empresa: a un año de la tragedia, la investigación no avanzó. Todavía no se sabe qué causó el fatal incidente. La Fiscal que investiga el caso todavía no cuenta con los peritajes que le permitan definir las causas.
La empresa tiene un penoso historial de hechos similares en otros lugares del mundo: ya había ocurrido en otros cuatro depósitos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Italia.
A raíz de haberse cumplido el primer aniversario del hecho, la empresa emitió un comunicado en el que “comparte el dolor de las familias en un momento tan sensible de recuerdo y respeto”.
Y asegura que “Iron Mountain confía en que la justicia podrá alcanzar el esclarecimiento total de este incidente, y refuerza su compromiso para aportar toda la información necesaria a fin de contribuir con el trabajo de las autoridades competentes”.
Pero hay un inspector del Gobierno de la Ciudad que no piensa lo mismo.
El Ing. Edgardo Castro, inspector del trabajo de la Ciudad que en su momento denunció las irregularidades planteando la clausura de Iron Mountain, dijo: “Queda claro que el Gobierno de la Ciudad oculta información para proteger a la empresa ya que, mediantes argucias y actos de mala fé, me impiden acceder a la copia de las actuaciones de la Subsecretaría de Trabajo sobre Iron Mountain tratando de evitar que se hagan públicas sus responsabilidades”.
Y agregó: “Parece que el ministro Francisco Cabrera y el subsecretario Ezequiel Sabor no tomaron nota de los derrumbes, muertes e incendios que sucedieron durante su gestión porque siguen mirando para otro lado, más preocupados por los negocios que por la seguridad pública“.
Desde la Legislatura, también denuncian que el gobierno encabezado por Mauricio Macri no colabora con la investigación del hecho.
El Legislador Gabriel Fuks recordó que “el 24 de Abril del 2014, resultó aprobada por la Legislatura un pedido de informes sobre las inspecciones a Iron Mountain, y sobre los contratos sobre ésta y el Gobierno de la Ciudad: y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta, satisfactoria o insatisfactoria al respecto, transformándose la omisión en un serio acto de irresponsabilidad política“.
Por su parte, el Legislador Alejandro Bodart denunció: “no se sabe qué hizo la Metropolitana con los 4 millones de pesos que recibió en Junio pasado para ‘peritajes de archivos’ de Iron Mountain. En vez de reforzar los controles públicos, Mauricio Macri intentó vaciar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo, persigue a sus delegados y disolvió la tarea de los profesionales verificadores de obras. Para evitar más siniestros y derrumbes hay que revertir esa nefasta política de no control”.
Claudio Serrentino
Fotos: Télam