El Fiscal General de la Ciudad asegura que los trapitos -que ya no sólo “trabajan” cuando hay partidos de fútbol o recitales, también se instalan alrededor de los colegios- “están protegidos por bandas delictivas conectadas con barrabravas, y aprovechando una legislación que les da impunidad”.
Los cuidacoches o también llamados “trapitos” ya no sólo actúan cada vez que hay recitales o partidos de fútbol importantes, sino también que se instalaron a la salida de las escuelas para exigir dinero a los padres que van a buscar a sus hijos en sus autos, protegidos por “bandas delictivas conectadas con barrabravas y aprovechando una legislación que les da impunidad”, aseguran desde la Justicia.
El Fiscal General de la Ciudad, Luis Cevasco, dijo a Télam que “son muy pocos los casos que se pueden acreditar, ya que a legislación actual obliga a la persona víctima a realizar una denuncia por extorsión para que la policía y la Justicia actúen y eso no siempre pasa porque la gente no se quiere involucrar”.
Cevasco apuntó directamente a una “legislación mas eficaz, que fije si esta prohibido o esta autorizado la actividad” ya que de esta manera “se podría combatir mejor estos casos porque en la actualidad la normativa es autoinmune, esta hecha para no ser aplicada“.
Los partidos de fútbol importantes y los grandes recitales son los lugares clave para que estas personas merodeen las adyacencias y exigan a los que estacionan sus autos una tarifa para cuidar el auto que, de acuerdo al evento, puede ir desde los 50 a los 500 pesos.
Pero ahora, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía y de las escasas denuncias que realizan los damnificados, proliferan trapitos en las inmediaciones de las escuelas, en horarios del mediodía, aprovechando que los padres van a buscar a sus hijos en su automóvil.
“Ningún trapito es cuentapropista, no actúan solos, son parte de una organización que los protege y que les asigna determinadas zonas”, dijo Cevasco quien estimó que en los partidos de fútbol importantes donde juegan Boca o River pueden llegar a recaudar hasta un millón de pesos.
“Es innegable el vínculo que tienen los trapitos con los barrabravas, es parte del negocio de estas organizaciones delictivas que aprietan dirigentes, jugadores y policías” sostuvo el fiscal y detalló que “están en marcha investigaciones en los que secuestramos celulares y otros elementos que utilizan en su accionar”.
Cevasco destacó que otro inconveniente que se tiene para combatirlos “es un problema de infraestructura porque a diferencia de los estadios europeos, en la Argentina es escaso el lugar de estacionamiento que proveen los organizadores y entonces hay que cubrir muchas cuadras a la redonda para efectuar los controles”.
“Para controlar a estas verdaderas estructuras organizadas, chequeamos los autos estacionados y convocamos a los dueños para saber si sufrieron algún tipo de extorsión” pero volvió a insistir en que el cambio de la legislación actual “obedece a cuestiones políticas” y detalló que “un cuidacoche sólo puede ir preso cuando se prueba la extorsión o actúa con violencia”.
En la Legislatura, hay al menos seis proyectos en torno a los denominados “trapitos” que contemplan desde la prohibición total hasta la posibilidad de crear un registro que regule la actividad.
Los expedientes, algunos de los cuales datan del 2015, forman parte del temario de las reuniones de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales y se estima que podrían ser girados al recinto de sesiones para su debate durante los próximos meses.
Por un lado, desde el PRO fueron presentados el año pasado dos proyectos, uno del ex jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; y el restante del actual ministro de Seguridad bonaerense y ex diputado, Cristian Ritondo, que prohíben a los “trapitos“ y propone penas y multas económicas a quienes incumplan con la norma.
En tanto, desde el interbloque kirchnerista impulsan, ya desde el año pasado también, una propuesta para crear un registro de cuidacoches que permita censar a aquellos que ejerzan esta actividad y permitir un diagnóstico al respecto.
Esta iniciativa es similar a la que contemplaba una ley aprobada en 2011 por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo.
Además, existe un expediente del espacio de Nuevo Encuentro que establece un marco regulatorio para los cuidacoches que apunta a crear un registro de postulantes mayores de 18 años entre quienes se otorgarán los permisos disponibles y sostiene que la tarifa que se cobrará a los automovilistas será fijada por el Poder Ejecutivo.
También el legislador Javier Gentilini, del Frente Renovador, hizo lo propio con una iniciativa que además del impedimento de la actividad plantea penas de arresto de siete a 12 días.
Por último, la legisladora de Suma+ Natalia Fidel presentó un expediente que coincide con la prohibición, pero fija un “régimen de excepción para personas en situación de vulnerabilidad mediante su incorporación a un programa de inclusión social”.
Fuente: Télam.
Foto: documental “De trapito a bachiller”, de Javier di Pasquo.
