La nueva normativa busca formar usuarios y consumidores en cuestiones relativas al consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e información suministrada por los proveedores; además, regula las responsabilidades establecidas en los artículos 46 de la Constitución porteña y 42 de la Constitución Nacional.
Para ello, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, por medio de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, deberá desarrollar actividades educativas tales como talleres, charlas, debates y similares, destinadas a brindar soporte especializado a los docentes en el dictado de las asignaturas relativas al tema.
Los contenidos deberán propender a la formación de usuarios y consumidores en cuestiones relativas al consumo de bienes y servicios, facilitando la comprensión e información suministrada por los proveedores, como también acerca de la prevención de los riesgos que puedan derivarse del consumo de productos o la utilización de servicios.
[pullquote]La información adecuada y completa respecto de los bienes y/o servicios permite equilibrar en cierta medida la desigualdad existente entre los usuarios y consumidores, y las empresas comercializadoras de bienes y servicios[/pullquote]
Desde el año 2000, el módulo “Educación en el Consumo” fue incluido en la currícula de la materia Formación Ética y Ciudadana, tanto en nivel primario, como en educación media.
Los fundamentos de la iniciativa presentada por los diputados Gabriel Fucks y Lorena Pokoik destacan que “el proyecto plantea la concepción del usuario o consumidor como sujeto en la relación de consumo, cambiando sustancialmente el criterio de análisis. Desde esta órbita, el usuario y consumidor de bienes y servicios debe contar con una formación de tipo integral –preferentemente previa- a toda contratación.
La información adecuada y completa respecto de los bienes y/o servicios permite equilibrar en cierta medida la desigualdad existente entre los usuarios y consumidores, y las empresas comercializadoras de bienes y servicios”.
El proyecto tuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y fue aprobado con 59 votos positivos y una abstención del diputado Marcelo Ramal.
Fuente: DG Prensa Legislatura
Foto: Diario La Capital
