Durante el año pasado, en Argentina, 152 personas perdieron la vida por crímenes de odio. El informe anual registra la “situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans”.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT, presentó su Informe Anual, que abarca el período 1 de enero-31 de diciembre del 2020, que da cuenta sobre 152 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2020, el 84% de los casos (127) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 12% (19) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 3% de los casos (4) le siguen las lesbianas; y por último con el 1% (2) los varones trans.
De todos los crímenes de odio registrados, el 57% de los casos (86) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% restante de los casos (66) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.
La situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans, de la que dan cuenta estos números, se profundizó con la pandemia. Entendemos que en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de lxs habitantes de nuestro país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos.
Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialemente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas.
Sabemos que hay medidas que se llevaron adelante desde el Estado Nacional para contrarrestar esta situación, a nivel general, como el decreto 320/2020, el cual buscó suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, a través de la prórroga de los contratos y el congelamiento del precio de los alquileres; como a nivel particular con el Decreto el Cupo Laboral Trans en el sector público, establecido por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Sin embargo sostenemos que todavía queda mucho por hacer por parte del Estado para garantizar la igualdad de todas las personas de la comunidad LGBT+, y en particular de la población trans en Argentina, es por eso que desde este informe se hacen una serie de recomendaciones para generar cambios legislativos y políticas públicas, como la Ley Integral Trans y la actualización de la Ley Antidiscriminatoria a nivel nacional, entre otros.
Federación Argentina LGBT
Foto: agenciapresentes.org
