El juez en lo Contencioso Administrativo porteño Aurelio Ammirato suspendió el desalojo impulsado por el Gobierno porteño a 20 familias de cartoneros que viven en el predio conocido como “Bajo Autopista”, en el barrio de Villa Luro, y acordó la liberación del lugar “si se garantiza la relocalización de las familias”.
El desalojo previsto por el Gobierno de la Ciudad en el predio “Bajo Autopista” fue suspendido tras una negociación en la que se resolvió asistirlas con subsidios “hasta encontrar una alternativa razonable y digna”.
El magistrado estableció una nueva audiencia para el próximo 7 de Agosto a las 9.30 para “relevar los avances alcanzados hasta ese momento en cuanto a la relocalización de las familias y establecer la fecha para el retiro total, si alguna permaneciera aún en el lugar, sin afectar la escolaridad de los menores”, informó el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El desalojo iba a realizarse “por estar en riesgo la salud, la integridad e incluso la vida de sus ocupantes”, ya que allí funcionaba hace más de 10 años una estación de servicio y los tanques de combustible podrían tener restos y gases inflamables.
Un informe sobre “identificación de amenazas y vulnerabilidades de las viviendas ubicadas en el predio sito en Avenida Rivadavia 9303/9349”, elaborado por Defensa Civil, advirtió sobre los “riesgos sanitarios, de incendio, eléctricos y del sistema de provisión de gas en el lugar”.
[pullquote]Un informe elaborado por Defensa Civil advirtió sobre los “riesgos sanitarios, de incendio, eléctricos y del sistema de provisión de gas en el lugar”[/pullquote]
Ammirato dispuso que se haga lo necesario para “minimizar el riesgo para la salud e integridad de los moradores” y comprometió a las familias a “brindar su colaboración” para la concreción de esa medida.
También resolvió “no ocupar otro predio una vez recibida la asistencia por parte del gobierno porteño y canalizar a través de esa asistencia las necesidades habitacionales de las personas”.
Según consta en el acta de la audiencia, el gobierno porteño ofreció “trabajar con la Dirección General de Reciclado para que los actores se incorporen al sistema”.
Si las familias son reubicadas se debe además “garantizar el traslado escolar para los menores” y “trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social a fin de buscar alternativas superadoras de los ofrecimientos económicos para asistencia habitacional”, destaca el fallo.
“Necesitamos una solución porque no sólo vivimos en este lugar sino que también trabajamos, ya que es donde separamos los residuos”, indicó a Télam Luis Garay, uno de los representantes de las familias.
“Además nuestros chicos van a las escuelas del barrio por lo que necesitamos tiempo para poder irnos”, agregó.
En la causa judicial se señaló que las familias se alojaron en ese predio hace aproximadamente 7 años, y que sus ingresos provienen de la recolección de cartones.
Fuente y foto: Télam.
