Algunas de las familias desalojadas del asentamiento Papa Francisco el Sábado por la mañana continuaban hoy en la calle, sufriendo el frío y el viento, sin opciones reales de una solución habitacional a largo plazo, y acusados por la jueza a cargo de la causa de “no querer recibir ayuda”.
Los vecinos acampan en el espacio que quedó entre el predio donde estaba el barrio, que se encuentra totalmente tapado con chapas, y un vallado que puso la Policía Metropolitana sobre la avenida Fernández De la Cruz, en el barrio porteño de Villa Lugano.
“Estoy esperando que me dejen entrar. A la mañana salí temprano a buscar los documentos para demostrar que había sido censada y ahora no me dejan pasar. Tengo mis hijas de 15 y 13 años adentro”, describió Guillermina a Télam.
“Yo estoy con mi familia en una carpa, hoy dije que tenía que salir, me tomaron los datos pero ahora no me dejan entrar”, contó por su parte Gladys, a quien todavía se le quiebra la voz al recordar la forma violenta en la que la policía la arrancó de su precaria vivienda.
Más allá de las familias que se encuentran acampando, otras tantas recurrieron a las casas de vecinos, amigos y familiares en forma provisoria.
Hasta ayer, el cerco era más flexible: en efecto, los periodistas pudieron dialogar el Domingo con los vecinos en las carpas, pero hoy al mediodía las reglas se habían endurecido: nadie cruza las vallas.
“Yo traigo leche caliente en el termo porque hay muchos niños adentro que se deben estar muriendo de frío y no me dejan pasar. Anoche me fui con mi bebé porque nos amenazaron que nos iban a reprimir y tuve miedo. Paré en lo de una amiga y traje unos termos, pero ahora no puedo pasar”, dijo por su parte Paola.
La cantidad de familias que se encuentran del otro lado de las vallas es incierta: aunque los datos oficiales hablan de 50, los vecinos aseguran que si se suman los que están detrás del predio, en la zona lindante a la Villa 20, serían 90.
“Más allá de cuántos están de aquel lado o de este, todos quedamos en la calle. Lo único que nos ofrecieron fueron paradores y subsidios de 600 pesos por mes. No hubo y no hay ninguna propuesta que solucione nuestro problema”, comentó por su parte Cristian, uno de los delegados del barrio que estuvo detenido 13 horas.
Pero la jueza María Gabriela López Iñíguez, responsable de dictar la orden de desalojo, defendió hoy el procedimiento y manifestó que “sólo quedan unos 20 hombres jóvenes acampando en las inmediaciones que se niegan a aceptar cualquier tipo de ayuda”.
En declaraciones difundidas por el Departamento de Información del Poder Judicial porteño, la magistrada destacó que el procedimiento del Sábado “se realizó sin incidentes, sin resistencia y sin heridos”, pese a las denuncias sobre balazos de goma que recibieron vecinos, legisladores y diputados nacionales.
Según la jueza, hubo “focos de resistencia” que surgieron “horas más tarde, cuando se iniciaron las tareas de liberación del predio con actividad de maquinaria, ante el acercamiento de personas que no se encontraban en la toma al momento de concretarse el allanamiento”.
Más allá de sus palabras, el operativo recibió hoy nuevas críticas, entre ellas la del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, quien dijo que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, actuó con “insensibilidad” y tuvo un accionar “muy cercano al que tuvo la Ciudad durante la dictadura”.
En sintonía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, cuestionó al Gobierno de la Ciudad por no haber actuado hace 6 meses, cuando se estableció el asentamiento e indicó que el desalojo “podría haber terminado en una tragedia”.
Todos los relatos de los vecinos coinciden en cómo se dio el operativo: la Policía Metropolitana dijo que iba a hacer una requisa y una vez que entró al predio comenzó a echar a la gente de sus casas.
Además, denuncian que les robaron las pertenencias porque “al principio nos dijeron que salgamos con lo puesto porque después nos iban a dejar ingresar, pero nunca cumplieron”, según narró Federico, quien exhibe, además, las marcas de bala de goma.
En ese sentido, sobre los vecinos y legisladores de Nuevo Encuentro y el Frente para la Victoria que recibieron golpes y balazos de goma durante el desalojo, el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dijo que “estamos a la espera de que las personas damnificadas hagan las denuncias para poder investigar”.
Al margen, manifestó que las fuerzas de seguridad “alcanzaron el objetivo” de desalojar y adelantó que ya se trabaja en la “remediación” del predio para comenzar “las tareas de urbanización, con la construcción de calles interiores y otras tareas”.
“Lo que nosotros pedimos es una solución habitacional. Si sabían que nos iban a sacar, ¿por qué no comenzaron antes a ver la situación de cada familia, o bien no construyeron las viviendas sociales para que tengamos dónde ir?”, indicó Cristian.
“Ahora echan la culpa a la inseguridad, nosotros no negamos que había algunas personas que se nos metían en el barrio, un 5 por ciento de los que estábamos; el resto somos todos trabajadores. Entonces, ¿por qué no se buscó a esos y se los sacó?. Esos hoy están en sus casas y nosotros en la calle”, agregó uno de los delegados del barrio que estuvo detenido 13 horas.
La causa quedó sin detenidos, ya que Rubén Cerasolo, la única persona que permanecía arrestada ayer por “despojo, lesiones y resistencia a la autoridad”, fue liberado a las 0 de hoy por el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Gabriel Vega, quien no hizo lugar al pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal.
Fuente y foto: Télam.
