El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de informes a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación porteños sobre el desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano.
“El desalojo se realizó en violación a la legislación vigente respecto al debido proceso penal como así también en violación a la normativa que establece la obligación del Estado de prever una alternativa de vivienda adecuada para cada una de las familias afectadas antes de realizar el desalojo”, dijo el organismo a través de un comunicado.
El ODH requirió que se informe el objetivo del allanamiento y posterior desalojo, la nómina de agentes y funcionarios que intervinieron, así como de los médicos y enfermeros que participaron.
Además, se solicitó que se informe “respecto a la represión y heridas sufridas por vecinos y legisladores que se acercaron al lugar” así como sobre “el cerco policial que impide la libre circulación de unas 60 familias que se encuentran precariamente asentadas en las plazoletas de la Avenida De la Cruz, frente al terreno desalojado”.
La organización pidió además que se dé a conocer “la forma de notificación y la antelación con la que se comunicó la orden de desalojo a los afectados”, “las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de las personas desalojadas” y “las medidas ha tomado el gobierno porteño para resguardar las pertenencias de las personas desalojadas y dónde se encuentran resguardadas las mismas”, entre otras cosas.
La organización recordó que este pedido se fundamenta en la Ley 104 de Acceso a la Información, la cual prescribe que la información solicitada debe ser proporcionada en los términos den un plazo no mayor a 10 días, cuyo incumplimiento deja habilitada la posibilidad de presentar una acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad.
“Con preocupación vemos que la respuesta ante el déficit habitacional es más represión y violencia contra los sectores más vulnerables. Lamentamos advertir que aumenta la violencia institucional, al mismo tiempo que la inacción de las instituciones que deben velar por la plena vigencia de los derechos humanos y sociales de los habitantes de la ciudad”, finaliza el comunicado.
Fuente y foto: Télam
