Decenas de miles de personas se movilizaron, en Buenos Aires y todo el país, para participar de la “Marcha de la Bronca“, convocada por más de 350 organizaciones políticas, sociales, comunitarias y estudiantiles.
El documento que se leyó en el acto principal, realizado en la Plaza de Mayo, reclamó a la CGT y las CTA una huelga general, pidió aumentos de salarios y jubilaciones y planteó la ruptura del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El petitorio incluyó la prohibición de despidos, la anulación de la reforma laboral, la reapertura de la planta de FATE y la reincorporación de sus trabajadores. Los convocantes exigieron, además, el no pago de la deuda externa y pidieron coordinar los reclamos en sindicatos, escuelas, universidades, hospitales y barrios. Esas propuestas expresaron la posición de las organizaciones firmantes del documento.
Uno de los ejes del texto fue el reclamo a la CGT para que convocara a un paro nacional como parte de un plan de lucha hacia la huelga general. Las organizaciones criticaron a la conducción de la central obrera por su actuación frente a la reforma laboral y sostuvieron que las medidas debían discutirse en asambleas y plenarios de delegados. El planteo también estuvo dirigido a las Centrales de Trabajadores de la Argentina.
Entre los conflictos que mencionó el documento estuvieron los de los trabajadores del Hospital Garrahan y de FATE, las movilizaciones universitarias y las protestas de jubilados frente al Congreso. Los organizadores convocaron a acompañar una nueva concentración de jubilados prevista para el 23 de septiembre. También reclamaron el desprocesamiento de personas investigadas por su participación en protestas y rechazaron sumarios y causas judiciales contra representantes sindicales.
El texto vinculó esos reclamos con su diagnóstico sobre la economía. Afirmó que habían cerrado 30.000 empresas y se habían destruido 300.000 puestos de trabajo; esas cifras fueron presentadas por los convocantes en el documento. También cuestionó la baja del programa Volver al Trabajo y sostuvo que había afectado a 950.000 familias.
