La Audiencia Pública referida al marco regulatorio para el otorgamiento de permisos de usos precarios en espacios verdes de uso público se llevó a cabo desde las 11:30 horas con gran presencia de inscriptos y diputados porteños de las comisiones de Presupuesto, Desarrollo Económico y Protección y Uso del Espacio Público.
Hubo opiniones a favor del proyecto, como la de Fernando Cichero y Ariel Bellesi, vecinos de diferentes barrios porteños, que plantearon su apoyo a la creación de bares y baños en los alrededores de los parques y plazas, y sostuvieron que “ayudaría a la inclusión de los vecinos de la Ciudad”.
En tanto, otros oradores manifestaron su oposición. “Rechazo totalmente el proyecto porque estoy en contra de la privatización del espacio público. Es un gran negocio del Gobierno y no quieren avanzar en la calidad de vida de las personas ni en los espacios verdes”, aseguró Alberto Eduardo Jalon, uno de los expositores que se presentaron esta mañana. Además, otra asistente resaltó el hecho de que es la cuarta vez que se presenta este proyecto en la Legislatura.
Sin embargo, el proyecto planteado incluye pautas para que sólo se puedan permisionar espacios en superficies verdes públicas mayores a 50.000 m2; que los permisos se otorgarán para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas y que la habilitación definitiva de los mismos estará supeditada a la construcción de los siguientes servicios complementarios: Sanitarios accesibles de uso público y gratuito; Estación de vida saludable, que deberá contemplar como mínimo una zona de descanso e hidratación gratuita a los que realicen ejercitación física; Estacionamiento de bicicletas; Servicio de alquiler de bicicletas ofrecido por el GCBA; Conexión a internet gratuita y biblioteca.
La totalidad de los servicios a prestar deberán estar integrados en un solo núcleo de servicio y asimismo dispone que los mismos “no podrán interferir con el normal desarrollo de otras actividades existentes en el lugar ni restringir al público, en forma alguna, el normal uso y goce del parque y de sus instalaciones y servicios”.
En todos los casos se deberá cumplir con la normativa vigente en materia de habilitaciones, edificaciones, higiene y seguridad alimentaria; debiendo contar el permisionario con personal que haya realizado y aprobado el curso de manipulación de alimentos.
Respecto de quiénes están en condiciones de acceder a los permisos, el texo establece que “el 30% de los permisos de uso precario a otorgar deberán ser destinados a Organizaciones No Gubernamentales y/o Entidades de Bien Público sin fines de lucro que estén destinadas a la atención y/o ayuda, en forma directa o indirecta, de las personas con discapacidad, Asociaciones Civiles sin fines de lucro y Fundaciones, que cuenten con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a la fecha de publicación del llamado tengan 2 años o más de otorgada la Personería Jurídica y que cuenten con capacidad para obligarse.
Asimismo se propone que no podrán ser permisionarios las personas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas, hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso, que constituya delito en nuestra legislación, fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial, los/as funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos y las personas que figuren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estuvieron presentes las diputadas Cristina García (CP), Lía Rueda, Carmen Polledo, Alejandra Caballero, Cecilia De la Torre (PRO), María Rosa Muiños, Gabriela Alegre (FpV), Paula Oliveto (CC), y los diputados Alejandro García, José Luis Acevedo, Juan Pablo Arenaza, Agustín Forchieri, Daniel Presti, Francisco Quintana, Helio Rebot (PRO) y Hernán Arce (PS).
Fuente y foto: DG Prensa Legislatura
