Las cooperativas de cartoneros marcharon hacia la Secretaría de Higiene Urbana, para reclamar al gobierno porteño que mantenga el actual sistema de recuperación de residuos. La administración de Jorge Macri pretende “privatizar” la separación de residuos.
Después de 20 años de trabajo, peligra la continuidad laboral de las 6.500 personas que trabajan en el actual sistema, realizado por las cooperativas de cartoneros.
El Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación que pretende privatizar el sistema, pese a que este modelo de manejo de la basura ha sido premiado internacionalmente por transformar la actividad de los cartoneros en un trabajo que, aunque no tenga todos los derechos laborales, es significativamente mejor que salir solo a la calle a revolver la basura.
La Federación de Cartoneros Carreros y Recicladores sostiene que el pliego privatiza el servicio y excluye a los recuperadores urbanos, violando la ley 1854 de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció la exclusividad de los recuperadores urbanos para recolectar los materiales reciclables y procesarlos.
Las cooperativas venden los materiales que recuperan de la basura y con eso completan los ingresos de sus integrantes. Este esquema ha permitido mejorar las condiciones en las que trabajaban –reducir los accidentes, tener aportes jubilatorios mediante un monotributo, evitar el trabajo infantil con guarderías para los chicos– . También ha sido beneficioso para la economía de la Ciudad, al reducir la cantidad de basura que manda al Ceamse. Es que el estado porteño debe pagar al CEAMSE por cada tonelada de residuos que envía.
